La citación como testigo de un exconcejal del PP de Ourense por el caso de las depuradoras de la Diputación fue suspendida esta mañana hasta el próximo viernes. Por un error en las notificaciones del juzgado de Instrucción Número Dos, donde se investiga un supuesto fraude en el uso de fondos comunitarios a ojos de la UE, las partes se enteraron hoy de que, a finales de mayo, el juez fijó 3.000 euros de fianza al PSOE como condición para ejercer como acusación en el procedimiento. El grupo provincial socialista, que trasladó junto al BNG el informe de la OLAF que veía posibles delitos en el suministro y asistencias técnicas de 104 depuradoras para el rural ourensano, dispone de un plazo de 5 días para depositar el importe. En caso contrario, según el auto, quedará apartado del proceso. El PSOE apelará la resolución pero, vista la postura de la Audiencia Provincial en casos como el de las asistencias técnicas del Concello, no hay visos de cambio. Fuentes del procedimiento consideran que el recurso no suspendería el plazo para depositar fianza.
La investigación reabierta a instancias de la Oficina Europea Contra el Fraude tiene a un único imputado, un funcionario jefe de la Diputación. Fue esta parte la que solicitó al magistrado la imposición de una cuantía para que el PSOE pudiera intervenir en las diligencias. Las indagaciones pone el foco en los años 2003 y 2004, época en la que José Luis Baltar, que será juzgado a finales de este mes por su presunto enchufismo, era presidente provincial. Al margen del proceso, la Diputación de Ourense se expone a devolver 10,1 millones de euros por la cofinanciación aportada, y a la postre reclamada, por la Unión Europea. Los socialistas pretendían que las averiguaciones se centraran en políticos, tanto del expresidente Baltar, como del actual delegado de la Xunta, exvicepresidente provincial, que se encargó de la gestión política con los alcaldes para la instalación de las depuradoras.
