El juez mantiene su criterio de exigir 3.000 euros de fianza para que USO pueda ser acusación en la causa de las asistencias técnicas que mantiene imputados a políticos del anterior y actual gobierno de Ourense. El sindicato, uno de los que denunciaron posible prevaricación y malversación en los contratos fijos a cinco profesionales externos, ha visto rechazada su alegación. La central considera que la cifra es excesiva porque contrasta con los 300€ que se le pidieron a UPyD por personarse en la causa contra Iñaki Urdangarín. El alcalde, por contra, pidió que se confirmara para evitar "fines espurios" y "publicidad negativa".
La jurisprudencia del Supremo asumida por la Audiencia en un auto reciente podría dar lugar a que unas acusaciones paguen y otras no. El PP, que quiere personarse contra el gobierno, solo podría incorporarse si antes lo hace USO. La CIG, el codenunciante, manifestó su rechazo a pagar. En cambio, si el primer sindicato accediera a depositar esa cantidad, las otras dos partes podrían incorporarse sin afrontar importe alguno.
