En otra causa contra el gobierno de Ourense uno de los dos empresarios imputados pide al juez que eche la vista atrás. El gerente de la ayuda a domicilio, Alberto López, investigado junto a su exsocio José Troncoso por el periodo de 2007 a 2011, el primer mandato del PSOE en Benestar, quiere que también sean interrogados como testigos dos trabajadoras de la empresa antecesora en la contrata en la época del PP. Como en el caso de Bedoya, el de la residencia universitaria o el de los altavoces a Jolper, se pretende extender el foco al tiempo del gobierno de Cabezas para trazar una comparación.
El empresario intentaría acreditar que el sistema de facturación se realizaba, desde hace años, por jornadas de trabajo en lugar de por la prestación efectiva de servicios. Los conceptos de facturación centran la investigación. Además de la citación de las dos personas ligadas al grupo Eulen, el abogado del gerente solicita el interrogatorio de 4 trabajadoras entre 2006 y 2007. También requiere que el Concello aporte listados de usuarios y la relación de horas prestadas de esas fechas.
En esa mirada al pasado, ya declaró en mayo la última jefa de servicio de Benestar con el PP. A.B.E. confirmó que entonces también se facturaba para agotar el gasto -uno de los métodos que el juez sospecha que pudo simular facturación-, pero no se abonaban horas de desplazamientos, otro de los conceptos analizados. López y Troncoso son investigados junto a la edil de Benestar, Marga Martín, imputada desde 2013, y varios funcionarios.
