"No cuela lo del alcalde y los errores administrativos "

08.06.2014 | 01:23

Dice estar plenamente convencida y con argumentos suficientes para proclamar que lo de la directora xeral de Recursos Humanos y personal es una "mala y pésima gestión", sobre todo después de las últimas sentencias judiciales, en las que se anulan resoluciones adoptadas, y en otras el juez llega a, vía providencia, a anunciar sanciones coercitivas de 500 euros que deberán pagar cada quince días el alcalde y la propia directora xeral por no ejecutar una sentencia relacionada con traslados.

Y en cuanto a la justificación que daba nada más conocerse la imposición de estas multas por parte de Agustín Fernández, al amparo de un "error administrativo", la edil de Democracia Ourensana asegura que "eso ya no cuela", debido a que pasaron tres meses desde la sentencia, que era firme al no recurrirla el Concello. Por no hablar de lo que sucede con las asistencias técnicas.

Uno de las criticas que realizó el concejal de grupo del Partido Popular, José Luis Valcarce, como argumento para insistir en la "nefasta gestión" que se lleva a cabo en el área de Personal, es que "contamos con más funcionarios y eso que aumentaron las privatizaciones, en las que son -por el gobierno socialista- unos campeones". Y sentenció que "es un caos total", y en la polémica suscitada con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sostiene que "no dice lo que se necesita en los diferentes servicios municipales", con lo que rechaza de plano uno de los argumentos que expuso el portavoz del gobierno, Vázquez Barquero, en el sentido de que "está en vigor y es válida". Y con la que discrepa abiertamente, por entender que es una demanda unánime tanto por los grupos de la oposición como por la totalidad de los representantes sindicales en el Concello.

La edil nacionalista, Susana García, también incidió en la política "privatizadora" del gobierno socialista, algo que ya no les sorprende, cada vez va a más, tanto en los centros cívicos, mantenimiento del Auditorio, el de la sala del Banco de España, por la que abona anualmente el Concello 40.000 euros por su alquiler, además de la limpieza, y las asistencias jurídicas. Pero lo que resulta más preocupante es que "apartan a funcionarios y acuden a contrataciones externas". Además de advertir que el "descontrol" que existe en el área de Personal lleva a muchos de los expedientes sancionadores abiertos "caducan por culpa de la responsable de Personal".

Lo que mantiene Susana García es la necesidad de contar cuanto antes con una nueva RPT, cuestión que entiende debe ser fruto de la negociación con los representantes de los trabajadores y de los grupos políticos.

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