Para "evitar una intervención en este procedimiento con fines espurios y orientada simplemente a perjudicar a los imputados o generar una publicidad negativa hacia los mismos". Es uno de los argumentos con los que el abogado del alcalde de Ourense, Agustín Fernández, pide al juez que imponga fianza a sus denunciantes.
El escrito se opone a la alegación con la que, el sindicato que denunció junto a la CIG las asistencias externas, pide una cifra menor a 3.000 euros en concepto de fianza para poder ejercer como acusación. El juez aún no ha resuelto qué cantidad dictamina.
Por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si admite a USO, tanto la CIG como el PP -cuya solicitud de adhesión fue aprobada por la Audiencia- podrían incorporarse a la causa contra el gobierno, sin abonar fianza. El letrado del regidor ve necesario esa cuantía por el carácter público de los imputados y "el indudable daño que se les puede causar en caso de que no haya finalmente acusación contra ellos".
"Enfrentamiento" de Gago
Las alegaciones de Agustín Fernández reiteran su asociación de la denuncia con el "enfrentamiento personal" y los "intereses particulares" de Javier García Gago, el funcionario jurídico que ganó su compatibilidad en el juzgado y es afín a los ediles díscolos. Lo acusan de que denunció como sindicalista de la CIG para tener causa de recusación en su expediente, y dicen que no elaboró ningún informe en contra de las asistencias técnicas cuando era jefe de Personal con el PP.
