El Concello entrega la documentación al fiscal

El alcalde no tendrá que pagar las aceras de su calle al caducar el expediente municipal

La Junta de Gobierno Local aprobó el acuerdo »El PPOU dice que se dejó prescribir "intencionadamente" y lleva el asunto a Fiscalía »El regidor acordó renunciar a la caducidad para que se reabra la investigación

06.06.2014 | 01:29
La casa del regidor, ubicada en la calle Clara Corral Aller en Ourense.

La Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense acordó ayer declarar la caducidad del expediente sobre la devolución del aval de las obras de la calle Clara Corral Aller, donde se ubica la vivienda unifamiliar propiedad del alcalde, el socialista Agustín Fernández. Ello supone que el regidor se librará de pagar las obras de aceras y urbanización de la calle en la que reside.

El informe aprobado ayer y elaborado por el jefe de servicio de licencias del Concello, considera que no procede que el alcalde devuelva los 10.633 euros del aval que él entregó en 1991 al ayuntamiento por un solar de una calle sin urbanizar y que la administración le reintegró años después, pues ya pasó el plazo de 4 años previsto para presentar reclamaciones sobre la devolución de ese aval al ahora regidor de la ciudad, y porque finalmente esa urbanización se hizo con cargo a los fondos del Plan E.

Un informe posterior incorporado a este expediente y realizado por el interventor municipal reclama una suma muy superior al alcalde. Serían 28.000 euros en total, pues añade "daños patrimoniales" que habría causado al concello Agustín Fernández, pues pagó ese aval al Concello de 10.633 euros por una finca que entonces no era edificable y tras rematar la casa en 1993 estuvo trece años viviendo en la misma pese a no tener licencia de ocupación, lo que le eximió además del pago del IBI.

La declaración de caducidad del expediente, aprobada ayer en en Junta de Gobierno Local provocó un revuelo político y la comparecencia urgente del portavoz municipal del PPOU, Rosendo Luis Fernández quien mostró sus sospechas de que el expediente se habrá dejado caducar de forma intencionada, y advirtió que iba a remitir esta documentación a Fiscalía.

Se retracta

El gobierno local envió también ayer mismo todos los documentos del expediente al Ministerio Fiscal, pero con un objetivo muy diferente al del PP, para demostrar la agilidad del proceso llevado a cabo por la administración local en este asunto. Pero ante el revuelo generado por la decisión de la Junta de Gobierno Local, que se adoptó con ausencia del alcalde (por ser parte claramente interesada) y de la única concejal del sector crítico, Mónica Vázquez, el regidor se retractaba horas después y anunciaba en la tarde de ayer que renuncia a la caducidad del expediente, para que se pueda reabrir todo el proceso y se investigue todo el farragoso proceso administrativo.

Este expediente que ahora caduca, se puso en marcha después de la denuncia presentada en marzo de este por el PP, cuando acusó al alcalde de "prevaricación malversación de fondos públicos, tráfico de influencias" y pidió a la Fiscalía que se posicionara al respecto, tras descubrir que le habían sido devueltos en 2009 los 10.633 euros que había entregado como aval por las obras de urbanización de su calle, dinero que no le había sido reintegrado a otros vecinos de la calle en igual situación.

Para el portavoz del grupo municipal del PP, Rosendo Luis Fernández, manifestó que "la declaración de caducidad acordada ayer, es un desprecio a los ciudadanos que el alcalde se vaya de rositas porque han dejado caducar el expediente". Tras tener conocimiento de la intención del alcalde de renunciar a esa caducidad (o lo que es igual a la prescripción del derecho del ayuntamiento a revisar el acuerdo de devolución, según los juristas) el grupo municipal del PP pidió al alcalde que "se deje de hacer demagogia y pague lo que debe".

Justificante

Rosendo Fernández le recuerda que "los acuerdos adoptados ayer en Junta de Gobierno Local no estaban avalados por ningún informe jurídico municipal", y lo invitan además a que hoy mismo "presente el justificante de transferencia bancaria del pago de la deuda pendiente, durante el pleno, para que así quede este asunto zanjado ante la ciudadanía".

Por su parte el alcalde indicó en el comunicado emitido a primera hora de la tarde de ayer, que renuncia a esa "caducidad" del expediente sobre la urbanización de la calle Clara Corral Aller, en la que está ubicada su vivienda, con el fin de "facilitar la reapertura y la nueva tramitación, como consideren conveniente, los técnicos municipales".

Para algunos juristas hay un plazo dentro del cual se tiene que adoptar el acuerdo de lesividad como paso previo para interponer un contencioso contra el ayuntamiento para revisar de oficio el acto administrativo.

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