Desde que Agustín Fernández (PSdeG) es alcalde de Ourense -accedió al cargo tras la operación Pokemon en octubre de 2012- mantiene aparcado su ejercicio profesional de inspector de Hacienda, salvo por las obligaciones esporádicas. El socialista ha sido perito en varios expedientes de empresas investigadas por la Agencia Tributaria. Como los tiempos judiciales son más lentos aún que la burocracia, no es la primera vez que el regidor debe acudir al edificio judicial para dar su aportación como experto en causas empresariales en fase de resolución por lo penal. Ocurrió hace pocos meses con el reciente juicio contra el expresidente de Ucosa por el desvío millonario de dinero, de hace más de una década, en las obras del centro comercial. Ayer, Fernández abandonó a pie el Concello de Ourense a media mañana para comparecer en otro caso de facturas falsas de una sociedad de construcción.

Al final su intervención y la de una segunda inspectora de Hacienda que había sido citada por el el juzgado de lo Penal Número Dos de Ourense no fue necesaria. Los acusados reconocieron delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Carlos M.N. y Mariano Vicente R.N. se conformaron con una pena total de 1 año y 6 meses de prisión, 4 años sin poder acceder a beneficios fiscales, así como una multa por la cantidad defraudada, más de 200.000 euros, añadida a la obligación de devolver ese importe.

Tal y como ha quedado probado, el primer acusado, administrador único y apoderado de una empresa de canalizaciones, sondeos y perforaciones presentó la liquidación del impuesto de sociedades correspondiente al año 2006, incluyendo unos gastos de explotación por importe de 935.000 euros; de los que 620.000 justificó a través de seis facturas emitidas por el coacusado por importe de 530.000 euros más otras tres notas emitidas por sí mismo de 90.000 euros.

Como consecuencia del engaño, declaró una base imponible de 8.757 euros cuando la debida era de 628.757 euros y afrontó una cuota de 2.627 euros en lugar de la que le correspondía, de 214.054 euros. Hacienda cifró el fraude resultante en 206.451 euros, una vez deducidos las retenciones y los gastos fraccionados. Esa es la acción civil que los acusados deberán asumir conjunta y solidariamente, además del pago de la multa por dicha cantidad.

La condena por la infracción fiscal incluye otro castigo adicional. Los dos particulares perderán la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. En el mismo periodo los familiares tampoco podrán disfrutar de beneficios o de incentivos fiscales de la Seguridad Social.

Según el relato de hechos acreditado con la conformidad, el empresario pidió la colaboración de su primo y coacusado, un trabajador autónomo, que seis de las nuevas facturas ficticias. El constructor está considerado como autor del delito contra la Hacienda Pública y su familiar es considerado como un cooperador necesario. Por ese delito asumieron, cada uno, un año de prisión. Ambos son considerados responsables de la falsedad documental, por lo que han recibido una condena de otros 6 meses de prisión. En la causa ejercían como acusaciones la Fiscalía y el Abogado del Estado.