La Fiscalía condena una pena de un año y diez meses de prisión para una mujer acusada de registrarse como pareja de hecho con dos hombres distintos, también inculpados, para tramitar los papeles. Los otros dos imputados, que estaban en situación irregular en España y tienen nacionalidad dominicana, se enfrentan a posibles condenas de un año. Se les imputa, en distinto grado, un presunto delito de falsedad en documento oficial.
Según el escrito de acusación del ministerio público, M.D.P.L.F. contactó en junio de 2011 con uno de los acusados, F.A.S.M., con la intención de tramitar la tarjeta de residencia familiar comunitario que le permitiese ser legal en España.
Por este motivo procedió a inscribirse como pareja de hecho en el registro del Concello de Ourense. Entre otros documentos, aportaron una declaración asegurando que ambos vivían juntos. Lograron la inscripción a finales de mes. Con ese trámite, la Subdelegación de Gobierno concedió la tarjeta de residencia familiar en agosto de ese mismo año.
La acusación sostiene que la acusada repitió el trámite menos de un año después. Presuntamente, en mayo de 2012 se puso en contacto con el tercer acusado, J.A.C.T., también dominicano, para conseguir su estancia con permiso.
En esta ocasión, los dos acusados se habrían inscrito como pareja de hecho en el registro de la consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Para lograr el trámite aportaron una hoja de empadronamiento expedida por el Concello de Ourense en la que se afirmaba que convivían juntos. También habrían incorporado, según la Fiscalía, una fe de vida y un estado de divorciada y soltería de la mujer y el hombre, respectivamente.
Asimismo, en el expediente constaba una declaración jurada de inexistencia de una pareja anterior, lo cual no era cierto al estar en vigor la otra inscripción anterior de la mujer y del primer dominicano. No obstante, los coacusados consiguieron ser inscritos como pareja de hecho. Salvado este trámite, el hombre presentó la documentación en la Subdelegación del Gobierno de Ourense. La administración también le concedió en este caso la tarjeta de residencia de familiar comunitario, con fecha de mayo de 2012.
La Fiscalía considera que la mujer es responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Además de la pena de prisión pide una multa de 1.800 euros. También tiene carácter continuada, según el ministerio público, la presunta infracción del segundo hombre.
