La responsable de Personal de Ourense dice al juez que ella no decidía y desvía el foco al BNG

La directora xeral y exconcejala alega que no tenía competencias en las contrataciones externas que mantienen imputados a 5 miembros del anterior y actual gobierno »La declaración de dos exediles nacionalistas, sin fecha

03.06.2014 | 01:50
Carmen Dacosta, directora xeral de Personal en el Concello de Ourense, saliendo del juzgado, ayer, tras declarar como imputada.

Carmen Dacosta, la responsable de la agrupación local del PSOE -la familia de querencia "paquista"- gestiona el área de Personal y Recursos Humanos en Ourense desde mayo de 2009. Al principio como concejala no electa. Cuando en abril de 2013 el Tribunal Constitucional tumbó esa figura recogida en la ley de grandes ciudades, el alcalde, Agustín Fernández (PSdeG), la recolocó en un puesto de confianza. Fue un intermedio de pocos días antes de erigirla, contra las disensiones internas del bando díscolo o "pachista", en directora xeral con las mismas competencias.

Dacosta se convirtió ayer en el cuarto miembro del actual gobierno de As Burgas que declara en calidad de imputado. Compareció en el caso de las asistencias técnicas que averigua si el ejecutivo prevaricó. La responsable de Personal de la tercera ciudad gallega dijo al juez de Instrucción Uno, Leonardo Álvarez, que ella no decidió los contratos a cinco profesionales externos que, tras denunciar su despido a mediados de 2013, obtuvieron un puesto fijo en el ayuntamiento. Como previamente manifestaron el alcalde, el exregidor y la concejala de Urbanismo en su turno de declaraciones en la causa -los tres como imputados el pasado 21 de abril-, Carmen Dacosta desvió el foco de atención al BNG.

Las contrataciones en la oficina de Rehabilitación, VPP y PERI competían y fueron decisión, sostuvo, del jefe de servicio y el concejal responsable, no del departamento de Personal. Hasta que la Pokemon quebró el gobierno bipartito, el departamento formaba parte de las parcelas de gestión del BNG. Áurea Soto se hizo cargo después.

Dos exediles nacionalistas, el exconcejal de Obras y antiguo teniente de alcalde Andrés García Mata, y la actual portavoz de Anova en Ourense, Iolanda Pérez, serán interrogados al respecto. Su comparecencia también estaba prevista para ayer pero quedó suspendida sin fecha tras alegar sus abogados falta de tiempo y recurrir la imputación en uno d e los casos.. La directora xeral también mencionó al exedil del BNG Fernando Varela -dimitió por la Pokemon- como otro de los socios de gobierno que estuvieron al frente del PERI.

Dacosta argumentó en sede judicial que sus competencias se limitan al personal funcionarial y laboral, no a los adjudicatarios de asistencias técnicas. Nunca le pidieron informes ni visto bueno para esos contratos. Ni siquiera tenía que ser notificada, según su versión. Pero la necesidad de personal, el argumento que de forma recurrente ha enarbolado la edil de Urbanismo por la caída del PXOM 2003 y la elaboración del nuevo, llevó a que le solicitaran desde la concejalía y el PERI la contratación de arquitectos, un aparejador y un arquitecto técnico. Ninguna solicitud, aseguró, aludía a una persona determinada.

La imputada -uno de los tres miembros del gobierno de Ourense que fueron señalados por USO y CIG en la denuncia que dio lugar a la causa- también defendió que no conocía a las personas que fueron contratadas por modalidad discutida, ni siquiera cuántas asistencias técnicas pueden existir en el Concello de Ourense. Los sindicatos han mantenido que la exedil fue conocedora de su oposición a estas prácticas en varias reuniones.

Los contratados, que recibían encargos por importes más o menos fijos de unos 2.000 euros, según varias facturas reparadas por el interventor, entraron en la plantilla tras sentencias de despido improcedente en el ámbito social. Ante la alternativa de indemnizar, Personal optó por realojarlos. Según CIG y USO, con categoría y sueldos superiores a los que les correspondían, motivo por el que pidieron al juez que investigara una posible malversación de fondos además de presunta prevaricación.

Dacosta también contestó ayer sobre el proceso de readmisión de los profesionales externos. Según su declaración, una vez notificadas las sentencias, pidió informe al jefe de servicio para que manifestara su criterio sobre las dos alternativas. Optó por readmitir siguiendo su informe.

Alega que todo el expediente fue remitido al interventor sin que el funcionario reparara. "En ninguno de los casos formuló objeción, ni a la contratación ni al salario", sostuvo. Por último, Dacosta hizo alusión a José Javier García Gago, el funcionario jurídico que ha ganado una compatibilidad en una sentencia que la directora xeral dijo no entender. El funcionario, uno de los dos denunciantes al frente del sindicato CIG, fue jefe de Personal en los últimos gobiernos del PP. Dacosta asegura que "no vio ningún informe" de Gago sobre esas asistencias técnicas cuando llegó a Personal. Él alude a una circular restrictiva de 2007 que firmaba el entonces concejal responsable, Antonio Penín, el líder de los díscolos.

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