El juez da por concluida una de las investigaciones de Áurea Soto y decidirá si la concejala va a juicio

El instructor pide a Fiscalía su parecer sobre un asunto urbanístico de la Plaza San Antonio »La edil y su abogado están imputados por una licencia de 2007 » DO denunció y un promotor acusa

03.06.2014 | 01:50

Dos juzgados tramitan cinco procedimientos en las que permanece imputada la concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto. En tres de estas causas ejerce la acusación Casas Orense, una promotora en permanente litigio con el ayuntamiento por un conflicto de intereses. La discordia de la empresa se exterioriza tanto en las vías administrativa y contenciosa, como en acciones por lo penal siempre vinculadas a cuestiones urbanísticas. Uno de estos quebrantos del gobierno se aclarará en breve.

En el conocido como caso de la Plaza de San Antonio -denunciado inicialmente por Democracia Ourensana-, el juez instructor, Leonardo Álvarez, ha dado por culminada la fase de declaraciones e informes de la instrucción. El magistrado planea resolver este mismo mes si el proceso por una presunta prevaricación llega a la fase de juicio y procesa a la edil del PSdeG, o bien termina las diligencias penales con auto de archivo.

El titular de Instrucción Número Uno ha solicitado a la la Fiscalía que realice un informe para manifestar si ve o no indicios de delito. Las fuentes personadas consideran que el resto de partes también serán oídas antes de que el juez dicte su pronunciamiento.

La concejala de Urbanismo se encuentra imputada en la causa junto al abogado Carlos Hernández, el letrado que defiende a la edil y al exalcalde en el caso Bedoya, y cuyo bufete ha acumulado unos 150.000 euros en contratos y asistencias desde el año 2008. El abogado de la acusación cree que los encargos saldan la actuación del letrado cuando en 2007 informó a favor de una licencia en la Plaza San Antonio para legalizar un aparcamiento privado en subsuelo, que según el TSXG, es de dominio público. Ningún técnico municipal avaló la decisión.

La causa también discute el pago de una cantidad de 358.000 euros a una propietaria que retiró un pleito después de ser indemnizada por una pérdida de luminosidad. El arquitecto encargado del informe reconoce que cifró la valoración sin ir a ver la vivienda. El abogado de Casas Orense cree que el gobierno "compró con una cantidad injustificable el silencio de la denunciante, que inmediatamente retiró el recurso". La retirada de demanda evitó tener que demoler la céntrica urbanización situada entre las calles Ramón Cabanillas, Bedoya y Avenida de Buenos Aires. El cumplimiento del derribo hubiera supuesto un coste de unos 40 millones de euros. Precisamente fue Hernández el que logró la inejecución al plantear un incidente distinto al de los técnicos municipales.

Hernández también interpretó, según su declaración el pasado mes de abril, que la jurisprudencia le permitía informar a favor de las licencias a pesar de que sentencias del TSXG anulaban la licencia y declaraban de dominio público el subsuelo. En 2007, con Áurea Soto recién llegada, el ayuntamiento legalizó el aparcamiento de la urbanización explotado por una empresa privada.

Una hipotética apertura de juicio abriría una nueva crisis en el gobierno de Ourense, con las municipales a la vista. El PSdeG mantiene que ningún cargo público seguirá en su puesto si es procesado

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