La directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, que mañana acudirá al Juzgado de Instrucción Número 1 a prestar declaración como imputada por las presuntas irregularidades en las contrataciones externas, las denominadas asistencias técnicas, siguiendo la línea marcada por el alcalde, Agustín Fernández, resta importancia a las críticas de los grupos de la oposición hacia la gestión que viene realizando, así como a las sucesivas peticiones de dimisión que realizaron.

Sobre el asunto de las asistencia técnicas, y su imputación como presunta "cooperadora necesaria en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos", como así figura en la denuncia presentada por los sindicatos USO y CIG y en la que se personó el grupo del Partido Popular, asegura "estar tranquila", ya que considera que se trata de un asunto que "no pasará de un tema administrativo".

En el tema de las compatibilidades, no queda otra que reconocer que no hay datos al respecto de las mismas, así como un registro, así como si esas compatibilidades a determinados funcionarios que la solicitaron tuviesen la correspondiente incidencia en los complementos que perciben.

Por lo de pronto, y después de los últimos acontecimientos judiciales, con sentencias condenatorias al Concello, el área de Personal viene de informar desfavorablemente la solicitud realiza por dos arquitectos, que se convirtieron en personal laboral a través de las asistencias técnicas, esgrimiendo, precisamente, el tema relacionado con los complementos.

Sobre lo que no hay pronunciamiento alguno es en relación a las auditorías que sobre personal se han realizado, y cuyo coste económico estaría por encima de los 21.200 euros. Se trata de "Asistencia técnica puntual para la elaboración de un diagnóstico inicial de la estructura organizativa del Concello de Ourense, de 3.000 euros, y otra, la "Asistencia técnica para la revisión del manual de descripción de puestos y la elaboración de un diagnostico organizativo del Concello", por un importe de 18.240 euros.