Como "un intento deliberado y consciente de influir" y un ataque a la independencia judicial calificó el abogado en común del exalcalde de Ourense y la concejala de Urbanismo un comunicado de la asociación mayoritaria de jueces, la APM, que calificaba el propósito de la recusación al juez decano como un "uso fraudulento". El letrado, Carlos Hernández, registró el 21 de mayo un escrito ante la Audiencia Provincial para expresar su queja tras sopesar, como el propio contenido reflejaba, impulsar una segunda recusación a todos los miembros del tribunal provincial que pudieran ser afiliados de la APM.
La respuesta de la Audiencia Provincial, según fuentes jurídicas, ha sido devolver al abogado el escrito de indignación sin darle más trámite. La queja no tenía relación con el objeto de la recusación, por lo que su admisión no era procedente, apuntaron las mismas voces de la judicatura.
El abogado que representa a Francisco Rodríguez y Áurea Soto en la investigación de la calle Bedoya pretendía que los magistrados implicados en la recusación del juez Piña -la instructora y los tres miembros de la sala encargados de resolver- tuvieran "en consideración" el escrito.
Carlos Hernández hacía un llamamiento a la autonomía de criterio de los jueces, en quienes confiaban que "sabrán guardar una independencia de criterio que la APM ha querido condicionar con grave transgresión de los límites de sus funciones".
Con el interrogatorio a los imputados de Bedoya resituado a partir del 18 de junio, la Audiencia podría comunicar la resolución de la recusación del juez la próxima semana. Ya ha sido nombrada la ponente sobre el incidente de imparcialidad de Antonio Piña.
