El código ético de la Diputación pasó ayer el filtro del pleno de la corporación sin sorpresas. El PP lo aprobó en solitario presentándolo ante la corporación provincial como un manual "preventivo" contra la corrupción política y como el documento que establece una "clara línea entre lo aceptable y lo inaceptable".
Sin embargo, los argumentos del portavoz del grupo de gobierno, Plácido Álvarez, no convencieron a los dos grupos de la oposición, PSOE y BNG, que reprocharon que dicho manual no regule medidas concretas contra imputaciones judiciales ni tenga carácter retroactivo.
De hecho, ambos grupos votaron en contra en coherencia con lo anunciado cuando decidieron no participar en la comisión que trabajó sobre el borrador redactado por el presidente, José Manuel Baltar, y de la que salió el texto definitivo que se aprobó ayer. De esta forma, la de Ourense se convierte en la primera diputación de España en disponer de un código de conducta aplicable tanto a cargos electos como a trabajadores, si bien el presidente matizó en su intervención final que un código ético "no es ninguna novedad", ya que existe en otras instituciones, empresas y corporaciones privadas y que, en todo caso, se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la adopción de medidas de este calibre en el horizonte de julio de 2015. Respondía así a las críticas de la oposición, que le recriminó que elaborase un manual de responsabilidades que ya se asumen cuando se jura o promete el cargo y que establece normas éticas inherentes a las personas.
Pese a que el acuerdo era previsible y que cada grupo ya había expuesto sus argumentos en ocasiones anteriores, el debate se prolongó durante una hora en un ambiente de elevada tensión. Las imputaciones judiciales de tres diputados del PP, la sanción grave por defraudar a la Agencia Tributaria de otro, la apertura de juicio oral contra el expresidente, José Luis Baltar, por 104 contrataciones supuestamente irregulares vinculadas por el propio juez instructor al congreso que ganó Baltar Blanco, y las prácticas de "enchufismo" centraron las intervenciones de la oposición e incluso colearon en el debate posterior.
El portavoz del grupo popular y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, defendió que el grupo de gobierno quiso dar un "paso adelante" con este código ético y contribuir a la "necesaria dignificación de las instituciones". Reprochó a la oposición que "solo quiera hablar del pasado" y reiteró que el presidente se impuso con "abrumadora mayoría" en el congreso del PP en el que "el voto era secreto" y que si preside la Diputación es "porque nosotros quisimos". El portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez Puga, calificó el código de "contradictorio" por exigir conductas ejemplares que no dañen la imagen de la institución "mientras mantiene en el cargo a diputados imputados" y por imponer medidas de control del gasto "mientras se siguen contratando asistencias técnicas externas". Tampoco es ejemplo de imparcialidad para los nacionalistas que denuncian que la nueva ordenanza de subvenciones sigue dejando a criterio del presidente el reparto de 1,6 millones de euros del presupuesto en ayudas directas".
A juicio del PSOE, el código es un "lavado de cara" para "loa del presidente y para la institución provincial, que es la antítesis de lo que el código describe". El portavoz socialista preguntó a los diputados del PP si aprobarían el mismo texto si quien lo presentase fuese él y los diputados imputados o con parientes trabajando en la Diputación sus compañeros socialistas.
El código ético ya es inapelable entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
