Una vidente de Xinzo de Limia que abría las puertas de España a sus compatriotas. E. A.A.J. de nacionalidad dominicana, será juzgada a mediados de mayo por la Audiencia Provincial de Ourense y se expondrá a una pena de 7 años y 3 meses de prisión, acusada de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso medial con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Presuntamente, tramitaba permisos de trabajo y residencia temporal a extranjeras de su país convenciendo a residentes legales como solicitantes de trabajadoras de ayuda a dependientes.

Hay un segundo acusado en la causa, J.P.V., para el que la Fiscalía solicita una pena de 6 años y 3 meses de prisión por los mismos delitos. Supuestamente, facilitaba los DNI de los españoles para utilizarlos como supuestos ofertantes de un empleo. Se llevaron a cabo un total de 19 solicitudes de autorización ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense. De la vía administrativa que se inició entre los meses de abril y septiembre de 2008, la sombra de irregularidades saltó a la vía judicial en 2009. Seis año después de los hechos, la presunta trama de permisos ilegales llega a la fase de juicio. Están citados unos cuarenta testigos.

Papeles falsos con escáner

Según la acusación de la Fiscalía, la vidente hacía los contactos del negocio ilegal en su gabinete de Xinzo de Limia, donde también tenía sus domicilio. Convencía a españoles para que firmaran las solicitudes. Estos acudían siempre en compañía de la acusada a formalizar la petición en la Subdelegación del Gobierno.

La actividad para la que solicitaba la autorización de trabajo era la de empleada de hogar por cuenta ajena, con carácter fijo y jornada completa, para asistir a personas aquejadas de enfermedades graves y con escasa autonomía personal.

Presuntamente, E.A.A.J. acompañaba certificados falsos. Tanto papeles médicos donde se hacían constar diagnósticos de enfermedades graves, como documentos bancarios que acreditaban que los solicitantes tenían saldos medios. Las certificaciones fueron elaboradas directamente por la acusada o por otra persona no identificada a la que se lo encargó, según la Fiscalía. Los certificados bancarios y sellos que incorporan no son originales, sino reproducciones caseras realizadas con una impresora con escáner.

El ministerio público sostiene que los solicitantes desconocían que la documentación aportada a la Subdelegación del Gobierno fuera falsa. Se presentaron con esta modalidad 19 solicitudes. Todas fueron denegadas salvo cuatro expedientes de cuatro mujeres de nacionalidad dominicana, que salieron de su país de origen y entraron en en España amparándose en las autorizaciones de residencia y trabajo obtenidas fraudulentamente, según la investigación.

Hasta el DNI de su madre

La acusación se extiende a un hombre que, tal y como cree la Fiscalía, sabía que la vidente aportaba documentación falsa y, no obstante, facilitó los DNI de españoles, incluidos los de su madre y una mujer que fue su empleada de hogar. Estos dos últimos se utilizaron para los expedientes de dos foráneas, con la firma simulada de las titulares. El coimputado llegó a firmar una solicitud en su propio nombre como ofertante de empleo de trabajadora de hogar a una mujer dominicana. Ofrecía trabajo fijo y sueldo mensual de 700 euros.

La extranjera tenía residencia legal y el objeto de la solicitud era la primera renovación del permiso de trabajo y residencia, que fue concedida. Dentro de la presunta maniobra ilegal a ojos de la Fiscalía, J.P.V. dio de alta a la mujer en la Seguridad Social, si bien conforme a lo planeado sería la propia dominicana la que ingresaría sus cotizaciones.

La juez de instrucción Uno de Xinzo ordenó la entrada y registro en el domicilio de la vidente. Entre otras cosas, halló 39 folios en los que aparecía escaneado el sello del Sergas y 37 con logotipos y sellos bancarios que supuestamente recreó con una impresora dotada con sistema de escáner.