La Diputación ratificó ayer en el pleno la decisión consensuada en la junta de portavoces de prestar asesoría jurídica a los concellos que detecten cobros indebidos en la facturación eléctrica. Esta aportación completa la moción que presentó el BNG que plantea instar al gobierno gallego a adoptar un papel activo en la defensa de los concellos y a abrir los correspondientes expedientes a las distribuidoras eléctricas que facturaron de forma irregular.
Los tres grupos mostraron su apoyo unánime y el portavoz del PP, Plácido Álvarez, aprovechó para anunciar que el grupo de gobierno ha encargado a los servicios técnicos la redacción de informes encaminados a elaborar un plan energético en colaboración con los concellos. Explicó que se trata de realizar controles de potencia y revisiones en la facturación del suministro para evitar el actual "caos" y el "abuso descarado" sobre concellos y particulares, apuntó Álvarez. También avanzó que la central de compras está trabajando en la elaboración de un pliego para la contratación conjunta del suministro eléctrico en los concellos, "lo que permitirá ahorrar en diferentes conceptos y consumos".
Por otro lado, el PP rechazó sendas mociones presentadas por el PSOE en relación al canon de Sogama y la firma de un convenio con los concellos de la Ribeira Sacra en materia de promoción turística. Esta última propuesta también recibió el voto en contra del BNG que la consideró "discriminatoria", el mismo argumento que utilizó el PP para rechazarla.
