Lo que para el juez Antonio Piña fue una maniobra "temeraria" por parte del exalcalde de Ourense y la concejala de Urbanismo para intentar paralizar el desfile de políticos imputados por la reforma de Bedoya, supuso simplemente un "derecho legítimo a recusar", en palabras del alcalde de Ourense, Agustín Fernández (PSdeG). El regidor, imputado como dos ediles del actual gobierno y otros seis políticos fuera de la vida activa por formar parte de la junta que, en septiembre de 2008, acordó adjudicó sin publicidad, por el trámite de urgencia y sin informes preceptivos una obra de 563.000 euros, se acerca a su segunda cita como imputado.
Según sus palabras ayer, afrontar la proximidad de su segunda declaración por lo penal con la intención de "dar explicaciones y acudir a la llamada del juez instructor". El regidor fue imputado en un auto de citación en bloque a principios de marzo. La última semana de mes debía declarar con abogado ante el juez Antonio Piña. La recusación suspendió los interrogatorios "sin fecha" y, a todos los efectos salvo por la petición al Concello de los reparos del exalcalde, paralizó la causa. La desestimación del incidente desbloquea un proceso colectivo que pone en jaque a todo el bipartito de 2008 y compromete la estabilidad del actual ejecutivo, con el núcleo duro pendiente de Bedoya.
Agustín Fernández aseguraba ayer que "acata" la desestimación del incidente que la magistrada presidenta de la sección penal de la Audiencia no ha admitido a trámite al no apreciar las causas de amistad con un miembro de DO -denunciante pero no parte- o enemistad con los políticos. "Respeto de forma clara y rotunda el auto judicial. No hay más que acatarlo y que continúe el procedimiento", zanjó el alcalde de Ourense.
Controversias con el auto
La Ley Orgánica del Poder Judicial no admite recuso a un auto que ayer generó alguna controversias. La recusación fue desestimada por la magistrada presidenta de la sección penal de la Audiencia, el tribunal competente en la materia. Pero la resolución estaba encabezada por Instrucción Número Dos, el juzgado de Antonio Piña. Otras voces resolvieron diciendo que la pieza de recusación, como así se indicaba también en el auto, se tramita dentro del mismo proceso penal de la obra.
