El mismo juez que a principios de marzo imputó en bloque a 9 políticos del primer bipartito de Ourense por una adjudicación a dedo de 2008 será el encargado, finalmente, de interrogarlos como imputados. Antonio Piña, decano y titular de Instrucción Número Dos, conservará la investigación de la reforma de la calle Bedoya después de que la Audiencia Provincial no haya admitido, al negar causa legal, la recusación planteada por la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y el exalcalde Francisco Rodríguez. La Fiscalía, como el propio magistrado, se opuso al incidente.

La resolución, notificada ayer a las partes, no admite recurso y los políticos la "acatarán", según su abogado, Carlos Hernández. La edil y el exalcalde cuestionaban la neutralidad del juez tras aportar un dossier con fotografías de Facebook junto a un miembro sin cargo público de Democracia Ourensana, el partido que, como en otros casos de la vida municipal, judicializó las obras por lo penal casi 5 años después. La recusación aludía, además, a una supuesta enemistad del juez Piña con los políticos. Aportaron dos comentarios de 2011 y 2012 (justo después de la detención del exalcalde) en su perfil de la red social.

"Meras conjeturas" con DO

La magistrada presidenta de la sección penal de la Audiencia, que fue designada instructora para resolver el incidente, no admite a trámite la propuesta y su resolución ratifica a Piña como el instructor de la investigación de la obra. Según valora, los autores de la recusación no invocaron explícitamente la causa de la recusación, sino que "de la lectura del escrito parece deducirse que lo que se cuestiona es la imparcialidad subjetiva del instructor". Los recusantes no acreditaron, concluye, la supuesta amistad íntima con el representante de DO. La alusión se basa, dice la jueza, "en meras sospechas o conjeturas", al no ser el parte personada en la causa. La magistrada tampoco ve causa de enemistad a los políticos. Sus comentarios en Facebook fueron "vagos e imprecisos" y tuvieron lugar "en el ámbito de su libertad de expresión".

El auto pone fin a una parálisis real del procedimiento que dura más de un mes. La recusación fue formalizada en la semana previa al inicio de interrogatorios como imputados de políticos, empresarios y un funcionario por la adjudicación sin informes preceptivos, por el trámite de urgencia y sin publicidad, de una reforma de menos de 600.000 euros. Entre ellos, el actual regidor -que entonces era edil de Hacienda- y sus dos primeras tenientes, Áurea Soto y Marga Martín. El gobierno negó recorrido penal y solo admitió un posible error por la premura en realizar los trámites para no perder una subvención.

Fuentes judiciales preveían ayer que Piña dicte una providencia en los próximos días para fijar el nuevo calendario de declaraciones. Su compañero del Número Uno, su sustituto legal en la causa este, solo pidió reparos al Concello.