Ante el mínimo atisbo de violencia cometida sobre los menores de edad, el engranaje de protección de la Fiscalía y de la Xunta de Galicia activa de inmediato el piloto rojo. El ministerio público es el organismo encargado de velar por los derechos y la seguridad de los menores y la administración autonómica, la entidad que asume la tutela cuando existen evidencias de un posible riesgo para la integridad física o psicológica de los menores. En este caso, la vía administrativa se aplica de forma paralela y con la máxima celeridad mientras se desarrolla la investigación judicial.
El bebé presunta víctima de malos tratos tiene en la actualidad once meses de edad. Por indicación de la Fiscalía de Menores, el varón permanece tutelado y asignado a una casa de familia, un centro para internos infantiles gestionado por una empresa pero vigilado y controlado por personal e inspectores de la administración autonómica que tiene sus instalaciones en la ciudad de Ourense.
El descubrimiento de este presunto caso de violencia ha quebrado el núcleo familiar de convivencia que mantenían dos de los imputados, la madre biológica y su entonces novio, con el bebé y una hija del hombre de unos cinco años de edad que, presuntamente, sufrió tocamientos y abusos sexuales por parte de un familiar que acabó detenido solo un mes antes.
También en su caso, la Fiscalía Provincial consideró pertinente establecer el apoyo técnico de profesionales como una medida de protección. Además, la niña ha sido acogida por otros familiares.
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