El juez requiere al Concello el expediente por la compra de 62.000 euros en altavoces al comercio de Gonzalo Jácome

El magistrado Antonio Piña, recusado por Soto en Bedoya, instruye una denuncia registrada por la edil

25.04.2014 | 01:41

Al día siguiente de cuestionar la neutralidad del magistrado que investiga dos de las causas principales contra el gobierno de Ourense -la de las obras de Bedoya y la del servicio de ayuda a domicilio-, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, se presentó en el juzgado para registrar una denuncia contra el gobierno del PP de 2006, declarando definitivamente el estado de guerra de todos contra todos con los juzgados como arma arrojadiza. El juez recusado por la concejala es el mismo que instruye la denuncia a la que la puso firma. El titular de Instrucción Dos, Antonio Piña, ha requerido al ayuntamiento el expediente completo de la compra por cerca de 62.000 euros de 295 altavoces suministrados por el comercio de Gonzalo Jácome, portavoz de Democracia Ourensana, el partido que más denuncias ha presentado contra el ejecutivo local.

Por ejemplo, la de Bedoya, en la que denunciaron un trámite a dedo y sin publicidad en junta de gobierno. El ejecutivo, con el alcalde y dos tenientes de alcalde imputados por la adjudicación de aquella obra de 2008, replicó argumentos al denunciar la compra de 2006, apuntando, de una tacada, al PP y a DO.

La adquisición por unas "pantallas de audio" para las calles del Centro Comercial Abierto -nunca se instalaron, las cajas siguen apiladas en el Auditorio, e iban vinculados a un suministro posterior-, se investiga por lo penal como un posible delito de prevaricación administrativa. El PSOE acusó a toda la junta del gobierno del exalcalde del PP Manuel Cabezas que en 2006 aprobó la compra de altavoces por 61.691,82 euros a Jolper, el comercio musical de Jácome. El edil que llevó la factura fue Aurelio Gómez Villar, el único concejal del PP que sigue en la corporación.

La aprobación en junta del suministro se produjo el 26 de octubre, la factura tiene fecha posterior, de día 31, y, según la denuncia de la concejala, "tuvo entrada en el Concello el 14 de diciembre de ese año". En un oficio de 16 de abril, recibido ayer en el ayuntamiento, el juzgado de Instrucción Número Dos requiere el "expediente administrativo completo" por el que la junta de gobierno popular aprobó la factura a Jolper.

La adjudicación al comercio musical de Jácome fue por trámite de urgencia y directa cuando, según la ley, debería haber salido a concurso negociado con publicidad -lo mismo que se reprocha en la investigación contra el gobierno sobre Bedoya- por sobrepasarse 12.020,24 euros del importe, según la ley vigente entonces. El gobierno ve un posible delito de prevaricación de la junta del PP por la aprobación "arbitraria" de la factura, y a los responsables de Jolper como "inductores o cooperadores necesarios".

Jácome, a cuyo comercio el Concello de Ourense llegó a adquirir un piano de "120.000 euros", también ha facturado a la Diputación de Ourense unos 318.000 euros, IVA incluido, durante los últimos años en suministros de equipos de sonido, material pero también otros productos como documentales.

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