La dimensión mediática de Marta Sánchez jugó en contra de un representante acusado de una presunta estafa en Ourense. Cuando se difundieron las noticias de que la cantante actuaría en la ciudad de As Burgas, la verdadera agencia de representación salió a desmentirlo, frustrándose el evento. El caso por el que la artista tendrá que acudir a declarar en calidad de testigo a Ourense, en enero de 2015, se instruye desde 2010. La asociación de comerciantes del barrio de O Couto, que pretendía que Marta Sánchez fuese la estrella de su gala anual de ese año, presentó denuncia por lo penal tras perder todo contacto con J.L.B.A., un empresario de 37 años para el que la Fiscalía de Ourense solicita una condena de año y medio de prisión. El hombre carece de antecedentes penales.
El ministerio público pide, además, que indemnice a la asociación de empresarios con la cantidad de 4.002 euros, más intereses, que el colectivo adelantó en un pago inicial que se correspondía con el 30% del caché de la artista -un total de 13.340 euros- , tal y como quedó acordado con el falso representante. Después del desmentido y la obligada sustitución del concierto por el de Tamara, el imputado cesó la comunicación y, presuntamente, se apropió del adelanto pese a haberse comprometido a devolverlo a través de un burofax, según sostiene la acusación particular.
El acusado se arrogó el poder de contratación exclusiva de las fechas de la cantante, quien tras el revuelo remitió un escrito incorporado a la causa en el que identificaba a su verdadera agencia de representación. El imputado contactó en agosto de 2009 con el presidente de la asociación de empresarios, asegurando ostentar la representación de Marta Sánchez. La asociación tenía programada su gala anual para el 3 de enero de 2010 en el Auditorio de Ourense.
Según describe la Fiscalía, pese a que la cantante tenía un contrato exclusivo con su agencia oficial, el empresario firmó en fecha 5 de agosto un contrato con el presidente de O Couto en el que se establecía el caché de 13.340 euros por la actuación de la cantante, así como las condiciones de pago. La asociación tenía que pagar por anticipado un primer montante del 30 %, es decir, 4.002 euros en el momento de la firma del contrato. Con posterioridad, los contratantes abonarían 2.668 euros el día 3 de diciembre de 2009, zanjando la mitad restante del precio el día del concierto. El acusado facilitó un número de cuenta de una entidad bancaria en el que debía ser ingresado el dinero.
El 10 de agosto de 2009, la asociación de O Couto transfirió los 4.002 euros a la cuenta. La Fiscalía acusa al falso representante de quedarse del dinero recibido "en su exclusivo beneficio", según el escrito de acusación al que tuvo acceso FARO. El colectivo ya había encargado cartelería para un evento dentro de la campaña de la Navidad en el que se otorgan galardones a los asociados. A contrarreloj, tuvo que buscar después el concierto de sustitución de Tamara.
El desmentido de la agencia oficial de Marta Sánchez hizo que el imputado cortara el contacto. La asociación incluso remitió un burofax para comprometerse a cumplir los pagos una vez acreditara que podía representar a la artista. El burofax no pudo entregarse al tratarse de destinatario desconocido.
El 2 de diciembre de 2009, J.L.B.A. comunica al presidente de la asociación de O Couto que la actuación tenía que ser cancelada "por haber sobrevenido causa de fuerza mayor". El acusado aseguró que pondría a disposición el pago adelantado. Antes de acudir a la justicia, los empresarios del barrio enviaron otro burofax reclamando el ingreso del 30% abonado. Según la acusación, no hubo respuesta alguna por su parte.
El ministerio público informó a favor de que la cantante tuviera que desplazarse a Ourense para testificar, pese a que el abogado de los denunciantes, Xosé Luís Brea, puso sobre la mesa la posibilidad de que la artista, cuya llegada seguramente captará todos los focos, pudiera dar su versión de lo ocurrido por videoconferencia. Tiene domicilio en Madrid, según los autos.
El letrado de O Couto hará cambios en la calificación jurídica de los hechos. La petición de penas aún está por definir. Al solicitar la apertura de juicio oral en abril de 2013, acusó al empresario de una presunta estafa, de apropiación indebida así como de un posible delito contra la propiedad intelectual.
