El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, defendió ayer la respuesta del Gobierno a las irregularidades detectadas en la gestión de fondos europeos para la instalación de depuradoras compactas en Ourense y Pontevedra y afirmó que la nueva Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ayudará a evitar que se produzcan este tipo de desvíos de fondos.
Ramos respondió así en la Comisión de Medio Ambiente del Senado a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Fidalgo, que pedía conocer las medidas adoptadas por el Ejecutivo para depurar responsabilidades y devolver los 10 millones de euros que reclama la UE.
El secretario de Estado recordó que el Gobierno ha tomado medidas para cumplir la normativa europea y ha seguido las recomendaciones de la OLAF, la cual ha propuesto la descertificación de todas las actuaciones. Por eso, la Dirección General de Fondos Comunitarios inició el pasado septiembre un expediente de reintegro para la recuperación de las ayudas recibidas por la Diputación de Ourense, cuyas alegaciones están pendientes de resolución.
Ramos también explicó que la Dirección General realizó una "visita de control" a la Diputación de Pontevedra el pasado noviembre y le pidió documentación adicional" para realizar una serie de aclaraciones, una documentación que está siendo analizada a fin de redactar el borrador del informe. Además, al considerar la OLAF que los hechos podrían ser constitutivos de ilícitos penales, el informe fue remitido también al fiscal general del Estado para su consideración.
También argumentó que el ministerio no detectó las irregularidades porque a las confederaciones hidrográficas "solo les corresponde comprobar la calidad del agua, pero no las obras y la tecnología que se utilizan para la depuración previa".
