El PSdeG maneja en Ourense algo más que la lucha irreconciliable de familias que tiene al grupo municipal dividido en dos familias; los afines al alcalde que conforman el gobierno de facto y los próximos al exsecretario xeral del PSdeG, cinco ediles díscolos suspendidos de militancia tras la supresión de competencias de su líder, Antonio Rodríguez Penín. Solo uno de los concejales expedientados, la procuradora Mónica Vázquez, sigue asistiendo a juntas de gobierno.

Con una crisis arraigada que podría enquistarse en una guerra por las primarias, el ejecutivo de Ourense acumula imputación tras imputación y los juzgados marcan la agenda del día. El regidor Agustín Fernández y sus dos primeras tenientes de alcalde, Áurea Soto y Marga Martín, suman entre los tres 9 causas penales. Fernández, además, la investigación de la Fiscalía sobre el arreglo de las aceras de su vivienda con cargo al Plan E.

Con todos estos elementos, la secretaria de Organización del PSOE gallego, Pilar Cancela, admitió ayer en un comparencia en Santiago de Compostela que el partido está "preocupado" porque, tal y como reconoció, "la imagen que se está dando a la ciudadanía del Concello de Ourense no es la mejor".

No obstante, según la crónica de la agencia Europa Press, la número dos de la cúpula socialista en Galicia minimizó los motivos por los que el regidor, su antecesor y la concejala de Urbanismo tuvieron que declarar ayer en calidad de imputados. Cancela se remitió a que debe ser la administración judicial la que analice si la contratación que convirtió en personal laboral indefinido, con puestos fijos, a cinco profesionales externos "se hizo de forma correcta".

Los tres políticos del gobierno con imputaciones están bajo una espada de Damocles. Derivada de los ajustes éticos del partido para intentar contrarrestar el hartazgo de los votantes, el PSOE asume a nivel federal, desde la conferencia política del gobierno, que ningún cargo público procesado -abocado a juicio- puede continuar. En marzo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, fue concluyente: "El criterio se va a aplicar sin ningún tipo de excepción ni de duda".

El alcalde de Ourense forma parte de la ejecutiva nacional del PSdeG elegida por Besteiro.