La cuantía económica que le reclama el Concello a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza pública urbana, transporte y recogida de residuos sólidos Ecourense, en concepto de "pagos indebidos" asciende a un total de 814.635, 19 euros, como así lo rubrica el coordinador del Servicio Municipal de Limpieza, Carlos Cárcamo, en un escrito, con fecha 8 de abril de 2014, remitido a la Junta de Área de Economía y Hacienda.

El funcionario municipal se remite al expediente de responsabilidad contractual contra la adjudicataria del servicio, así como al acuerdo adoptado por la junta de gobierno local por el que se le requiere que ingrese en las arcas municipales dicha cantidad, en función del informe de la auditoria realizada y del que emitió el propio coordinador del servicio, y que fueron enviados a la propia empresa.

En el informe se hace referencia a una serie de incumplimientos, que de forma reiterada fueron denunciados por parte de los grupos de la oposición, algunos de los cuales fueron objeto de iniciativas plenarias, relacionados directamente con el personal y el material con el que debería contar tal y como se contempla en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Es por eso que se realizó un requerimiento a Ecourense para que se "ajuste a la ejecución del contrato, pliego y oferta" que le permitió hacerse con la adjudicación, con la advertencia expresa de que de no hacerlo de esa forma, y sin perjuicio de las acciones que se puedan adoptar, se realizaran los descuentos que correspondan de oficio

Sanciones

Otro de los aspectos relevantes del expediente, remitido por el coordinador del servicio de Limpieza al área de Economía y Hacienda, es el relativa a la imposición de una sanción de 12.000 euros a la adjudicataria, por "la comisión de una falta grave" tipificada en el artículo 20 del pliego de condiciones técnicas y administrativas, por el "incumplimiento" de las condiciones señaladas en el mismo.

Para motivar la decisión en base al informe de la auditoría que externa, que en su momento acordó realizar el Gobierno municipal, cuyo coste fue asumido por la empresa adjudicataria, como así se contempla en el pliego de condiciones, y en el que se concretan las "deficiencias" en la prestación del servicio.