El alcalde defiende la legalidad de los contratos que llevaron a 5 profesionales ajenos a ser fijos

Los imputados del PSOE descargan responsabilidad en el BNG al argumentar que el área de las asistencias investigadas era de su competencia - El regidor se escuda en que dio "orden estricta" de frenar esa modalidad de contratación

22.04.2014 | 13:28
Iñaki Osorio

El alcalde de Ourense ya es uno más de los políticos que declaran como imputados. Agustín Fernández (PSdeG) fue interrogado ayer, el mismo día que su antecesor, Francisco Rodríguez, y que la edil de Urbanismo, Áurea Soto, por la reiteración de contratos a cinco profesionales externos elegidos a dedo que acabaron con puesto fijo en el Concello. Cuatro arquitectos y un abogado a los que una facturación encadenada usando medios, horarios y dependencias municipales los llevó a plantilla. El gobierno optó por readmitirlos frente a la alternativa de indemnización que establecían sentencias laborales. El juez de Instrucción Uno, Leonardo Álvarez, averigua si Agustín Fernández, Francisco Rodríguez y Áurea Soto prevaricaron. También fue denunciada la directora xeral de Personal, Carmen Dacosta, pero según portavoces del Concello ella aún ha sido citada.

En su defensa, los tres imputados del PSOE desviaron responsabilidades a sus exsocios del BNG. Según coincidieron, el área de Rehabilitación y PERI que requería las asistencias denunciadas, dependió de ediles nacionalistas desde el inicio de los contratos -sin que hubiera reparos de interventor y asesor jurídico jefe en la junta de gobierno que los validó, aducen- hasta finales de 2012, cuando la operación Pokemon rompió el pacto bipartito y obligó al exalcalde a dimitir.

Tras no hallar eco en mesas sindicales, USO y CIG judicializaron el caso por presunta prevaricación y malversación de fondos porque, supuestamente, los beneficiarios ingresaron con categoría y sueldos superiores a los de sus sentencias de despido. En contra de una orden de Personal de 2007 que regulaba las asistencias. El PP intentó adherirse a la causa con más documentación. Ninguno consta como parte personada hasta que la Audiencia resuelva sus recursos o abonen fianza. La Fiscalía fue la única acusación ayer.

El regidor fue el último en declarar. Admitió que conocía las ilegalidades que el interventor advirtió en sucesivos reparos desde la época de Francisco Rodríguez. Pero Fernández dice que decretó cambiar el sistema poco después de tomar posesión para que las necesidades de personal en Urbanismo -una queja recurrente de la edil- por la caída del PXOM 2003, se cubrieran con listas de interinos. No se optó antes por esa vía por los decretos restrictivos del Gobierno.

El alcalde sostuvo ante el juez que dio una "orden estricta, clara y contundente" después de que recibiera el primer reparo. Dictó un decreto en mayo de 2013. Ese mes el gobierno rechazó una propuesta del PP para regular las asistencias y evitar el fraude de ley. A finales de 2013, con todo, el interventor siguió reparando y el regidor volvió a levantar los informes por decreto. Agustín Fernández adujo que autorizó los pagos para evitar demandas una vez que el trabajo había sido realizado. Como el exregidor y Áurea Soto, no supo aclarar por qué cada mes los profesionales ajenos facturaban un importe, más o menos fijo, de 2.000 euros.

El munícipe defendió ante la prensa la "estricta legalidad" de una modalidad de contratos "muy habitual" en las administraciones. El gobierno se escuda en que las asistencias técnicas se celebraban "desde hacía mucho tiempo" -la propia Soto estuvo 9 meses facturando en época del PP- y aludió a un ejemplo de la Xunta. Unos 500 trabajadores fueron readmitidos por una vía similar.

Con el interrogatorio de la calle Bedoya como próxima cita, el regidor también denunciado por endosar las aceras de su calle al Plan - culpó a la oposición de "instrumentar a la justicia para intentar derribar a un gobierno" y desacreditó a uno de los denunciantes de su primer causa, el funcionario que representa a la CIG, Javier García Gago, y está alineado con los ediles díscolos. Fernández cree que llevó las asistencias técnicas a la vía penal para poder recusarlos en el marco de su reclamación de compatibilidad, para compaginar la función municipal con la docencia, y que le fue denegada.

Soto ha defendido la necesidad de recurrir a personal externo para "no cerrar" servicios. Ayer mantuvo ante el juez que no tuvo que ver en las contrataciones a dedo ni en las prórrogas de los contratos investigados porque, hasta finales de 2012, no asumió competencias de Rehabilitación. Soto solo intervino, dijo, para rescindir los contratos cumpliendo la orden por decreto del regidor.

Por qué unos y no otros

El exalcalde Francisco Rodríguez, con dos causas además de la Pokemon, levantó reparos siguiendo informes técnicos, por regla general, dijo. El exalcalde solo conocía según su versión, a uno de los cinco colocados. No aclaró por qué esos profesionales externos, y no otros, eran los elegidos para las asistencias técnicas. Ante la prensa, Agustín Fernández negó que el criterio fueran "razones políticas".

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