En su primera declaración judicial en calidad de imputado, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, afronta la obligación "como cualquier ciudadano". El juez de Instrucción 1 de Ourense y la fiscal lo interrogarán esta mañana, así como a su predecesor, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto. Los tres, que acumulan un total de nueve imputaciones, son investigados por los contratos fijos en el Concello de profesionales externos -arquitectos, la mayoría- mediante asistencias técnicas calificadas de irregulares por la justicia y el interventor. La causa averigua supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos.
Fernández, que como su antecesor levantó sucesivos reparos al pago de estas facturas, ha defendido hoy la legalidad de las asistencias técnicas; previstas, dijo, en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, aduce que 500 trabajadores entraron en plantilla de la Xunta con este método de contratación.
En su última alusión a su llegada al juzgado, el alcalde, que suma otra imputación por la adjudicación de las obras de Bedoya, asoció la denuncia de USO y CIG, que judicializaron las asistencias técnicas, con el hecho de que el Concello le denegara la compatibilidad al representante de la central nacionalista.
