Desde que el 25 de marzo la Intervención concretase en su informe de fiscalización que el alcalde debía pagar cerca de 28.000 euros por la urbanización de la calle donde tiene su vivienda, y la necesidad de que Urbanismo incoase un expediente de revisión de oficio, algunos acontecimientos arrojan muchas sombras sobre un proceso que puede llevar a la caducidad de lesividad.
La paralización durante 15 días para incoar el expediente, tiempo que tardaron un funcionario interino, Bienvenido Fernández, miembro de la dirección del PSOE local -como recordó el portavoz del PP-, y otro laboral indefinido, Luis Murias, que entró por asistencias técnicas, que invocaron "la abstención" en ese asunto, acortaron los plazos para que no caducase. Y eso que otra funcionaria emitió un informe, en 24 horas, en el que dejaba claro que se debía resolver la lesividad, no solo incoar el expediente, como hizo la Junta de Gobierno. Y que las partes, presentasen alegaciones; el alcalde lo hizo pero no así el banco. Y como el plazo finalizó ayer, el expediente caducaría.
