El portavoz del grupo del Partido Popular, Rosendo Fernández, advirtió ayer que si el gobierno municipal aprueba la caducidad del expediente de lesividad relacionado con las obras de urbanización de la calle del alcalde, con lo que Agustín Fernández no pagaría los cerca de 28.000 euros que le corresponden, y que fija en su informe la Intervención, lo llevarían a la Fiscalía, ampliando de esa forma la denuncia presentada en su momento.

Una decisión que se adoptaría en función de lo que se aprobó ayer en la Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, que se celebró media hora antes del pleno extraordinario. De ahí que el portavoz popular recordó que por parte de la Fiscalía se procedió a la apertura de diligencias penales, con lo que eso supone, ya que los propietarios de las viviendas tiene que asumir su parte correspondiente de la urbanización, que en este caso le fue endosada al Estado.

Rosendo Fernández señaló que de aprobarse la caducidad del expediente dirigirán las acciones legales contra los miembros de la Junta de Gobierno que la aprueban, así como dos técnicos municipales, en función de los informen que se encuentran en el expediente, que según reveló "no estuvo en secretaria durante el fin de semana".

Otra de las cuestiones relevantes a las que hizo alusión el portavoz popular es que pueda "entrar de oficio la Intervención General del Estado", debido a que la obra la financió en su totalidad cuando los propietarios -entre ellos el alcalde- las debía sumir como establece la ley.

Además de rechazar las manifestaciones del alcalde en el sentido de que se trata de un asunto que no tiene interés para los ciudadanos, y que es un problema administrativo. Sostiene el portavoz del PP que "cómo no va ser de interés general que las arcas municipales tengan los cerca de 28.000 euros mas que le debe el alcalde", al que aconsejó que "primero pague, y luego haga las reclamaciones que considere oportunas, como cualquier ciudadano".

La respuesta de Agustín Fernández, que además la entregó por escrito, es que "seré deudor cuando exista una cuantificación económica y se concluya el expediente administrativo", que no recurrirá en el ámbito municipal, pero si en el Contencioso-Administrativo, "ya que como ciudadano tengo ese derecho".

La replica de Rosendo Fernández, para reiterar que "pague lo que debe", es que "ya está cuantificada económicamente", y esgrimió el informe de Intervención, en la que se concreta que el alcalde debe abonar los cerca de 28.000 euros, que son los que le corresponde.

Una cuantía económica que para Agustín Fernández "chirría un poco", ya que el aval que había depositado era de algo más de 10.600 euros. Además de arrojar dudas sobre la actuación de algún funcionario municipal.