Desde suspensión de empleo y sueldo de uno a cuatro días que supone la comisión de una falta leve, hasta el extremo de ser separado del servicio o suspendido entre 1 y 3 años si se estima que su conducta fue muy grave. El policía local de Ourense expedientado por supuestas irregularidades al multar se enfrentará al dictamen de dos compañeros, licenciados en Derecho, que han sido designados como inspector y secretario de su expediente disciplinario. El municipal, que admite "errores de tramitación" pero niega negligencias en su función, como las acusaciones de que hizo denuncias fuera de su jornada laboral e incluso desde el balcón de casa, manifiesta que la investigación no pasará, como mucho, de una falta leve.

Desde la operación Pokemon, en la que se destaparon más de un centenar de retiradas de multas de la grúa así como un listado de decenas de vehículos que no podían ser levantados, la Jefatura de la Policía Local de Ourense está realizando "un control exhaustivo" de las multas, según fuentes próximas. Además, ha dado directrices a la plantilla para que identifique por regla general a los conductores, y explique los motivos de la denuncia.

Los policías cuentan con un sistema PDA para incorporar al momento las infracciones detectadas y a la Jefatura le llamó la atención la llegada de varias denuncias sin que se identificara al conductor. Todos estos elementos ayudaron a descubrir la presunta conducta negligente del policía, pero el principal detonante, tal y como confirmaron dos fuentes distintas de la plantilla, es que uno de los conductores multados era un agente municipal.

A diferencia de algunos particulares, que habrían llegado a abonar la sanción y a los que, supuestamente, hubo que devolverles el dinero, el compañero sancionado hizo averiguaciones. Le llamó la atención que el boletín fuera firmado por un compañero que no se encontraba de servicio. El agente pidió explicaciones a su compañero.

Según explican fuentes del cuerpo, un policía no deja de serlo si tiene conocimiento de un delito y debe intervenir en función de sus posibilidades si es testigo de un hecho flagrante. No es el caso de una infracción de aparcamiento.

La jefa de la Policía Local de Ourense, María Barrera, indica en el escrito que dio inicio a la apertura de expediente por una orden del Concello de Ourense de 17 de marzo que el policía "pudiera haberse extralimitado en el uso de sus atribuciones policiales". El agente niega haber cometido negligencias y, asesorado por un bufete de abogados de Ourense, considera que el expediente no tiene fundamento. Admite que pudo cometer "errores de tramitación" en los boletines de denuncia que en todo caso, "no causaron ningún tipo de perjuicio para la administración ni para los ciudadanos" al ser "anulables". Se escuda en que, según su versión, la policía ourensana carece de un protocolo definido.

El agente, que ganó su plaza en 2010, está adscrito a un sindicato independiente sin representación. Sostiene que es víctima de "acoso" y "presiones" por parte de los mandos y cree que el expediente podría guardar relación con las elecciones sindicales que se celebrarán dentro de un mes.