El lunes de pascua, pasión del gobierno de Ourense. El alcalde, Agustín Fernández, enfrenta su primera declaración en calidad de imputado ante un juez. No estará solo. Leonardo Álvarez, el magistrado que investiga contrataciones de profesionales externos que terminaron con un puesto fijo tras una asistencia técnica, interrogará el mismo día a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, -en cuyo departamento ejercen los beneficiarios- y al exalcalde, Francisco Rodríguez. Los tres, citados a las 9,30 horas del lunes por el juzgado de Instrucción Número Uno, fueron imputados primero por la adjudicación en 2008 de la obra de Bedoya. La recusación del juez del caso, Antonio Piña, postergó in extremis sus interrogatorios y el del resto de políticos de PSOE y BNG que integraban la junta de gobierno local.
El gobierno de As Burgas, abonado a la tesis de que una trama intenta derrocarlo a base de denuncias, -la última, en fase de investigación en la Fiscalía, por el caso de las aceras del regidor endosadas al Plan E-, colecciona imputaciones. Agustín Fernández ya suma dos, como su primera teniente de alcalde, Marga Martín. Su antecesor, que gobernó Ourense durante 5 años, suma tres procesos abiertos. Ninguno como la Pokemon, que lo llevó a dimitir.
Pero la más investigada es Áurea Soto, responsable de la gestión del Urbanismo e impulsora de un nuevo PXOM. Soto acumula cinco imputaciones. El lunes, según sus palabras, acudirá "con paciencia, tranquilidad y respeto a la justicia" para responder por las presuntas irregularidades en las contrataciones externas que denunciaron los sindicatos USO y CIG. Ella defendió las asistencias para que su servicio no se colapsase. En un pleno de marzo de 2012 donde el PP pidió una regulación para evitar el goteo de sentencias de despidos ganadas por los contratados externos, la edil adujo que "si no tenemos técnicos para mantener los servicios, se cierran".
En vísperas del interrogatorio, la concejala arremetió ayer contra el representante de la central nacionalista, José Javier García Gago, funcionario adjunto a la asesoría jurídica y afiliado del PSOE próximo a los ediles pachistas. El gobierno le denegó la compatibilidad para compaginar su jornada municipal con la docencia en la Universidad. La junta local decidió expedientarlo porque, supuestamente, impartía clases por la mañana. "No se puede trabajar en este Concello y en otra administración a la vez", dijo ayer la edil de Urbanismo, en rueda de prensa.
A preguntas de este diario, Áurea Soto catalogó la denuncia sindical por presunta prevaricación y malversación de fondos como una "derivada de haber impedido con nuestro voto en el pleno del Concello de diciembre una ilegalidad grave, como sería que un funcionario con un sueldo cercano a los 60.000 euros obtuviese la compatibilidad para aumentar sus ingresos dando clase en la Universidad de Vigo".
Tras conocerse su citación hace unos días, Soto afeó a García Gago que durante sus 12 años como jefe de Personal del gobierno del PP sí consintiera asistencias técnicas. En el último pleno, su afirmación de que la edil de Democracia Ourensana, Susana Gómez, había entrado en la escuela de música municipal, también con un contrato externo, desencadenó la indignación de la concejala y la llamada del alcalde a la Policía Local para que la expulsara.
Ni CIG ni USO ni tampoco el PP, que pidió al juez adherirse a las diligencias previas aportando documentación sobre 400.000 euros en contratos y facturas reiteradas a un bufete de abogados y un despacho de arquitectura, podrían asistir a los interrogatorios del lunes, aunque USO sostiene que no ha sido apartado del proceso. El juez asumió el criterio de la Fiscalía, que creyó conveniente que aportaran fianza -en medios municipales calculaban que la cifra sería disuasoria, entre 6.000 y 12.000 euros- y formalizaran querella.
CIG y USO, que llegaron a la vía judicial tras denuncias sindicales sin eco, también extendieron las culpas a la directora xeral de Personal, Carmen Dacosta, entonces edil no electa, y que, según fuentes del gobierno, aún no ha sido citada a declarar. La acusaron de "cooperadora necesaria" de un presunto delito de malversación de caudales públicos, porque los contratados fueron readmitidos como fijos y salarios "sustancialmente superiores" a los que establecían las sentencias laborales.
Eran profesionales externos -arquitectos, la mayoría- y su reiterada facturación al Concello utilizando medios, horarios y dependencias municipales los consolidó en plantilla. Los denunciados habrían hecho caso omiso a una circular de Personal de 2007 que ordenaba a los adjudicatarios de asistencias técnicas a ejercer en sus propios despachos. Tras constatar la justicia la cesión ilegal, entre indemnizar o ingresar en nómina, el gobierno optó por lo segundo.
Los pagos de facturas a los contratados, unos 2.000 euros al mes, recibieron sucesivos reparos del interventor por ilegalidades que los políticos conocían. El exalcalde, primero, y el actual regidor, después, -pese a las advertencias expresas de una posible conversión en fijos por fraude de ley- levantaron por decreto las notas suspensivas. El fiscalizador hizo avisos específicos al actual regidor.
Un "fraude de ley"
El funcionario advertía al mandatario de que "las facturas recibidas siguen reflejando las mismas prácticas administrativas que las denunciadas desde el año 2009". El interventor le informaba de las "recientes" sentencias laborales "por las que se declaran y reconocen relaciones laborales de carácter indefinido, con base en actuaciones administrativas irregulares, dado que se simulan la existencia de contratos de asistencia técnica donde concurre una relación laboral en fraude de ley".
