Dos agentes de la Policía Local, como instructor y secretario, tramitarán el expediente disciplinario abierto por el Concello de Ourense a otro policía al que, fuentes de la plantilla, acusan de haber llegado a multar desde el balcón de su casa, fuera de su jornada laboral, y sin identificar al conductor. La jefa del cuerpo de seguridad, María Barrera, remitió un escrito al departamento de Personal del ayuntamiento en el que señala que el agente "pudiera haberse extralimitado en el uso de sus atribuciones policiales". El policía, que pide el anonimato y la máxima discreción, niega que cometiera negligencia a la hora de sancionar.
Consultado por FARO, el municipal sostiene que el expediente "no tiene fundamento" y dice ser víctima de "acoso", "presiones" y "negación de derechos" por parte de los mandos y determinados sectores policiales. Admite que pudo cometer "errores de tramitación" en los boletines de denuncia que en todo caso, aduce, "de tipo administrativo y subsanables, que se pueden anular y corregir si se detecta que está mal". Sus errores "no causaron ningún tipo de perjuicio para la administración ni para los ciudadanos". Fuentes del cuerpo municipal aseguran, en oposición, que "a algunas personas que fueron multadas y abonaron la correspondiente sanción, hubo que devolverles el importe". La Jefatura descubrió la conducta del agente ante la llegada de varias multas sin identificación del conductor, pese a que la ley lo establece por norma general La Jefatura, que a raíz de la Pokemon está realizando un "control exhaustivo" de las multas, había dado instrucciones a la plantilla para que identifique y explique a los ciudadanos los motivos de una multa.
Uno de los que más incurrían presuntamente en la práctica inadecuada era el policía expedientado. Hasta el punto de que algunas sanciones las ponía fuera de su jornada laboral. Él defiende que no existe un protocolo de actuación definido en la policía ourensana.
Según fuentes del cuerpo, la conducta del municipal sería constitutiva de una "falta grave o muy grave". El afectado, que no está suspendido pero ahora patrulla a pie, según fuentes del cuerpo, dice que el expediente se inició ante "por lo menos, una falta leve", y en esta categoría cree que se quedará, a lo sumo.
La orden de incoación de expediente parte de la Dirección General de Recursos Humanos y está firmada, con fecha de 17 de marzo, por el jefe de servicio. La responsable área, directora xeral y antigua edil no electa, Carmen Dacosta, no quiso entrar ayer en el fondo del expediente, más allá de confirmar que se encuentra en curso "porque desde su propio servicio se considera que puede ser susceptible de haber cometido determinadas irregularidades en función de su cargo".
Un cuerpo con imputados
La Policía Local de Ourense está habituada a los sobresaltos. Ninguno como el de la operación Pokemon. El anterior jefe, Abelardo Ulloa, fue arrestado por orden de la juez de Lara. Investigado por 7 presuntos delitos, sigue en su plaza de superintendente. El ayuntamiento sí suspendió de empleo y sueldo a un agente arrestado en septiembre de 2012 por supuestas amenazas a varios viandantes con arma de fuego. Otro municipal declaró a finales de marzo en calidad de imputado por una presunta estafa en relación con el supuesto desvío de una docena de multas. Un hombre fue identificado varias veces como supuesto infractor pese a estar en prisión.
