La respuesta de los populares, ante lo que consideran "implicaciones injustificadas e insostenibles" en la denuncia por supuesta falsedad en documento público y suplantación de identidad, no se hizo esperar, y fue su portavoz, Rosendo Fernández, el encargado de mostrar su total rechazo a las mismas, y advertir que se trata de una "burda maniobra" para desviar la atención de lo que realmente importa, y que no es otra cosa que "el alcalde pague los 28.000 euros que debe por la urbanización de la calle donde vive".
Sostiene Fernández que la denuncia que en su momento presentó el grupo municipal del Partido Popular "está basada en documentos oficiales que se encuentran en el departamento de Urbanismo". Y dice que "extraña además muchísimo que el alcalde lo que denuncia es una presunta suplantación de identidad de otra persona", en un intento de justificar una realidad de la que es el protagonista, tanto en la aprobación del proyecto de urbanización de la calle -siendo edil de Hacienda y miembro de la junta de gobierno local, votando a favor "a sabiendas de los intereses que tenía"-, así como en la petición y posterior devolución del aval.
Y aunque el regidor no acusa directamente a los populares y a su portavoz de "colaboración o instigación" en la comisión de los presuntos delitos que denuncia, Rosendo Fernández cree que señalarles es suficientemente grave, y que no hace más que revelar que tanto Agustín Fernández como el gobierno socialista "están fuera de toda lógica".
Sobre lo que evitó hacer pronunciamiento alguno el portavoz popular es acerca de si las manifestaciones públicas realizadas por el alcalde en su comparecencia de ayer podrían derivar en algún tipo de acción legal. Y se limitó a señalar que, por el momento, es la respuesta que tienen que dar. Además de coincidir con Agustín Fernández en que sea la Fiscalía la que determine con su investigación.
