Los diputados socialistas Pachi Vázquez, María Quinta, Raúl Fernández y Mónica Vázquez alertaron ayer de que la nueva ley del Poder Judicial "aparta" a la justicia de la ciudadanía, además de hacerla "más cara y lenta", con el agravante de que "contribuirá al despoblamiento " de la provincia de Ourense.
Sostienen los diputados, que plantearán iniciativas en las diferentes instituciones para "parar" la aprobación de la ley, que supondrá la "puntilla" para un servicio público esencial de la ciudadanía en las cabeceras de comarca, debido a la desaparición de los partidos judiciales en nueve comarcas: Ribadavia, Carballiño, Xinzo de Limia, Pobra de Trives, Verín, O Barco de Valdeorras, Bande y Celanova.
Afectará a 59 concellos de la provincia y cientos de aldeas se verán perjudicadas por esta medida, que según los datos que aportaron los socialistas tendrá una incidencia directa en más de 200.000 personas. Y también alertan de que se producirá un "éxodo masivo a la capital de jueces, funcionarios, abogados y procuradores", lo que provocará una "perdida económica y social muy importante para las localidades afectadas por la nueva ley".
Los socialistas ourensanos tiene claro que esta centralización judicial "atenta" contra la racionalización, optimización y modernización de la justicia, por entender que "debería hacerse desde abajo, en donde está más cerca de la ciudadanía y de sus problemas", máxime en una provincia en la que una buena parte de los procesos tienen que ver con cuestiones referidas a la propiedad de la tierra y sus usos sociales en el mundo rural.
