Como si las causas judiciales no fueran ya suficientes para el gobierno de Ourense, con ocho imputaciones que pesan de momento sobre los tres miembros del núcleo duro del ejecutivo -el alcalde Agustín Fernández y sus dos ediles de confianza, Áurea Soto y Marga Martín-, la justicia acaba de iniciar una nueva vía, calcada a la que se ha cobrado la citación con abogados -en suspenso- de nueve políticos del primer bipartito PSOE-BNG que integraban la junta de gobierno en la que se aprobó, el 4 de septiembre de 2008, los pasos para la polémica urbanización de la calle Bedoya. La reforma paralela de la plaza de Paz Nóvoa, otro proyecto de la parcela nacionalista que fue tramitado con el visto bueno de la misma junta local, se investigará ahora en otro juzgado de Ourense por las mismas supuestas irregularidades.

La adjudicación se incluía en la denuncia única que Democracia Ourensana presentó en septiembre de 2013, apreciando supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en las obras de ambas calles. La relativa a Paz Nóvoa se desgajó de la investigación más avanzada de Bedoya y fue derivada al turno de reparto. La oficina del decanato ha enviado la instrucción de esa segunda obra simultánea al juzgado de Instrucción Número Tres. La magistrada titular, Cristina Martínez, ya ha abierto diligencias penales que se tramitan por un posible delito de prevaricación administrativa.

¿Una doble imputación?

¿Causarán dos denuncias espejo una imputación doble de la junta de gobierno, de los empresarios y del asesor jurídico? La juez instructora, de momento, ha solicitado el expediente al Concello de Ourense y ha citado a Gonzalo Jácome, líder y portavoz de Democracia Ourensana, para que acuda a ratificar la denuncia. Lo hará el 9 de mayo.

En el caso de Bedoya, Democracia Ourensana no llevó su acción judicial más allá de la denuncia. El partido optó por no constituirse como acusación particular, y en eso se escuda para rechazar que exista causa de recusación por la amistad del juez instructor de las obras de esa calle, Antonio Piña, con un miembro sin cargo público de DO, cuyas fotos juntos fueron aportadas por el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y Áurea Soto, la edil de Urbanismo que suma 5 imputaciones.

Como en el caso de la calle Bedoya, la adjudicación de la reforma de Paz Nóvoa se llevó a cabo con un procedimiento negociado, sin publicidad, y por trámite de urgencia, para una actuación que superaba el máximo legal previsto de 200.000 euros de licitación. En la primera calle, la adjudicataria fue OCA, S.A. tras concurrir tres ofertas vinculadas que se presentaron con margen de solo cinco minutos. En la plaza, las obras se encargaron a una UTE -unión de empresas- formada por las constructoras Sercoysa y Tuconsa que resultó adjudicataria tras la invitación a otras dos empresas. El importe de adjudicación fue de casi 435.000 euros. El importe de las obras de Bedoya fue de 563.000.

Al menos en este expediente no existieron los informes preceptivos del interventor ni el asesor jurídico jefe, como este declaró en calidad de testigo ante el juez. El Concello solo admitió un "posible error" por la premura en dar trámite al expediente para no perder una subvención.