Es diputada nacional por cuarta legislatura, vicepresidenta de la Comisión de Interior e incluso inspectora de Policía Nacional -en excedencia-, pero Ana Belén Vázquez fue puesta ayer en cuestión por una de las asociaciones de la Guardia Civil, la AUGC, comparando su comportamiento con "otro caso Aguirre". La asociación vincula un expediente abierto al sargento de Bande, bajo cuyo mando se han disparado las denuncias y sanciones en la localidad desde las 90 anuales a 900, y que ahora se expone a perder el destino, con que la política fuera multada por aparcar en lugar restringido y por carecer de ITV, según la AUGC.
La asociación acusa a la Dirección Adjunta Operativa de cometer una "cacicada" para "complacer" supuestamente a la política en detrimento del agente. Además, responsabilizan también al regidor, José Antonio Armada, exmarido de la diputada, que a su vez fue alcaldesa en Bande. Acusan al alcalde de "instigar a la población contra los agentes del puesto". El regidor dice que la denuncia de la AUGC "no tiene ni pies ni cabeza" y sostiene que su postura se debe a "actuar como el altavoz de numerosas quejas de los vecinos". El viernes, de hecho, su grupo de gobierno llevará a pleno una propuesta de ordenanza para intentar contener el aluvión de multas. "Hay que volver a la normalidad; Bande siempre ha sido un pueblo tranquilo". El polémico sargento, según Armada, instauró la "tensión" en el pueblo, "que no conduce a nada, más que a perjudicar a los vecinos y negocios de Bande".
La AUGC defiende sostiene que todas la quejas y denuncias han sido archivadas y acusa a los dos cargos de "ignorar que las normas de tráfico están para cumplirlas todos". La sanción a la diputada se habría producido el pasado 18 de noviembre. El colectivo remite a comentarios de Vázquez en su perfil de la red social Twitter como "toda la vida estacionando y ahora no sabemos por qué somos sancionados por estacionar en Bande".
Denuncia en la Fiscalía
El alcalde niega que la vicepresidenta primera de la Comisión de Interior careciera de ITV en vigor. La popular, presente ayer en el pleno del Congreso, no contestó a este diario. La AUGC, que dice que fue la Xunta la que prohibió aparcar en la zona en septiembre, ve un "intento de coaccionar a un agente para que desatienda su trabajo". Por eso solicita a la Fiscalía que abra una investigación.
