Dos reivindicaciones se unen hoy a la puertas de los juzgados de Ourense por iniciativa de los funcionarios de justicia. Los trabajadores prolongan su rechazo a la temida privatización de los registros civiles, que obligará a pagar trámites cotidianos y recortará plantilla, según temen. Pero además, los sindicatos han convocado a una concentración este mediodía para mostrar el rechazo al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para los trabajadores de la justicia, el cambio del modelo organizativo es "un ataque brutal a nuestras condiciones laborales, basado en la movilidad y las amortizaciones de cuadros de personal". Según interpretan, el anteproyecto eliminará los juzgados de paz, establecerá un destino de carácter provincial que provocará mudanzas por sedes, privatizará los actos de comunicación y reducirá la promoción interna del 50 al 30%. CC OO considera la reforma "un atentado a los derechos de la ciudadanía".
