Además del frente abierto en Vigo, con los operadores jurídicos y los representantes sociales en pie de guerra contra el modelo de partido judicial único, el Ourense rural, que es el territorio predominante, también se expresa en contra del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que imprimirá un cambio radical a la estructura de los juzgados heredada de hace dos siglos. El nuevo epígrafe del manual de Gallardón avecina un "cambio radical a largo plazo", subrayan en la judicatura ourensana, para una administración de ritmo pausado, relegada en tiempos de bonanza, como la hermana pobre, de las políticas de inversiones y modernización.
En una provincia dispersa, con distancias de hasta dos horas para alcanzar la capital y nueve partidos judiciales que se identifican con las cabeceras de comarcas, el nuevo modelo de planta es "un golpe al medio rural" que ha sumado al rechazo a alcaldes del mismo color político que el ministro.
Regidores del PP como Argimiro Marnotes de O Carballiño y Juan Manuel Jiménez, de Verín, además del socialista Alfredo García, alcalde de O Barco de Valdeorras, -que también dejaría de ser sede principal- se posicionan en contra de la norma aprobada el viernes en Consejo de Ministros. A pesar de todo, aprecian cierta "indefinición", mantienen dudas sobre el alcance de la reforma y emplazan a mantener reuniones con profesionales del sector y la Xunta, así como a recabar informes para interpretar el texto legal, sin descartar, llegado el caso, que su oposición inicial termine en movilizaciones.
Tampoco existe una interpretación inequívoca por parte del decano de los juzgados de Ourense, Antonio Piña. En conversación con este diario, el magistrado, portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se muestra partidario de "concentrar" partidos y sostiene que "algunos no tienen razón de ser por su estructura del siglo pasado". Sin embargo, cree que el límite debería situarse en una división provincial "en dos o tres" demarcaciones como propuso, hace ya meses, en el primer debate surgido tras una propuesta de reforma del CGPJ.
La modificación, interpreta, no elimina en principio la actividad de los edificios judiciales de las localidades, cuyas competencias y funciones "quedan a criterio de la Sala de Gobierno". Según un análisis en su blog personal, deja claro que la ley contempla "una regulación con notorias disfunciones" y que resulta "inconclusa", porque según Piña la modificación en la planta y demarcación judicial se posterga para una ley específica, "sin que podamos discernir la estructura final de los Tribunales de Instancia". Según el decano, "la estructura que se esboza no permite aventurar el resultado final".
En esa futura ley de Demarcación y Planta se regularía "la posibilidad de establecer sedes desplazadas de todas o algunas de las salas del Tribunal de Instancia en aquellas localidades que ya fueran cabeza de los anteriores partidos judiciales atendiendo al volumen y dispersión de la población, carga de trabajo, distancia a la sede del tribunal de instancia provincial, tiempo de desplazamiento en transporte público o incluso aprovechamiento de edificios e infraestructuras judiciales o amortización y recuperación de las inversiones realizadas"
La creación de los tribunales de instancia, con cinco salas y un presidente elegido por el CGPJ, agruparán los actuales juzgados mixtos, de instancia, instrucción, social y contencioso administrativo más las Audiencias Provinciales. También la futura ley de demarcación establecería el número de magistrados asignado a cada sala según ámbitos de civil, penal, social, contencioso-administrativo y, una quinta jurisdicción, de "asuntos generales". Cada una de ellas podría contar con secciones o unidades especializadas.
"Es un cambio radical"
Además de remodelar la estructura por partidos judiciales, la reforma de la LOPJ conllevaría medidas que, para el decano, "atacarán la independencia judicial a base de eliminar canales de comunicación y críticas. La reforma plantea la supresión de los decanatos -un órgano elegido democráticamente por los propios jueces- y las juntas de jueces.
