El Valedor do Pobo requiere al Concello de Ourense, para que en el plazo de quince días, le facilite toda la información relacionada con la queja presentada por el grupo municipal del Partido Popular contra el alcalde, Agustín Fernández, y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ante la falta de información en la Comisión de Pleno y en el "incumplimiento" del acuerdo plenario de 29 de enero de 2013, que contemplaba la celebración anual del pleno de debate sobre el estado de la ciudad.

De esa forma, el Valedor do Pobo admite a trámite la queja, debido a que, como señala en su escrito el valor en funciones, José Julio Fernández, reúne los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Lei do Valedor do Pobo. Por lo que, tan pronto sea facilitada la información por parte del Concello, procederá a su estudio, y trasladará al grupo popular la actuación que adopte al respecto.

Sobre esa cuestión, los populares dejaban patente en el escrito de queja al Valedor do Pobo que "por la falta de actividad y dejadez de funciones, tanto para el cumplimiento de acuerdos del pleno de la corporación, como por la sistemática violación de los derechos fundamentales de los miembros del grupo municipal, lo que dificulta e imposibilita la acción política que tienen encomendada por sus electores a través de la urnas".

El portavoz popular, Rosendo Fernández, recalcó ayer que "no deja de ser bien triste que la actitud dictatorial, engreída y prepotente del alcalde y de su segunda teniente de alcalde -Áurea Soto-, tenga que ser analizada y estudiada por el Valedor do Pobo".

Y añade que todo se debe a la "falta de interés" del alcalde en restablecer el diálogo institucional, y a su sistemática negativa a atender las peticiones que realizaron los populares para que se convoque la Junta de Portavoces, que consideran es urgente y está sobradamente justificada debido al "estado calamitoso" en el que se encuentra la gestión política del Concello de Ourense.

De ahí que, Rosendo Fernández justifique la necesidad de recurrir a otras instancias, con el fin de "defender nuestros derechos como grupo mayoritario de la corporación municipal", en este caso concreto al Valedor do Pobo.

Sostiene Fernández que es "muy penoso" que se tenga que dar estas situación, cuando lo más sencillo es que, si hubiese voluntad política, el alcalde aceptase las reuniones periódicas para abordar diferentes cuestiones.