El PSOE demanda acciones contra las imputaciones y el enchufismo

El manual que aprobará la Diputación este mes someterá a examen permanente la conducta de los cargos electos

06.04.2014 | 01:57
El PSOE demanda acciones contra las imputaciones y el enchufismo

La Diputación de Ourense será la primera de España que contará con una normativa ética y de buena conducta. La iniciativa tiene el sello personal del presidente José Manuel Baltar, que redactó de su puño y letra las 18 páginas del borrador, y nace de la desafección ciudadana hacia la política y las instituciones públicas. No más regalos en los despachos ni más egolatría en las placas conmemorativas de los edificios construidos con fondos públicos. Pero, ¿qué novedad aporta un código ético a las normas y valores que se le presuponen a cualquier actividad profesional?

Para Baltar, la política local en Ourense requiere "apuntalamiento". Desde la detención e imputación del exalcalde socialista Francisco Rodríguez y el estallido de la operación Pokemon en septiembre de 2012, la información política está cada vez más salpicada de terminología jurídica. Los protagonistas son alcaldes, concejales y diputados imputados por diversas causas que supuestamente han traspasado la barrera de lo ético para acabar fotografiados a las puertas de los juzgados.

Las medidas frente a los cargos electos investigados por la justicia son precisamente las que han crispado el debate político en la Diputación y las que han descubierto que, en realidad, PP y PSOE llevan su discurso de un extremo al otro según en qué institución lo pronuncien. Los socialistas exigen dimisiones en la Diputación pero no las practican en el Concello de Ourense y el PP, que en aras de la presunción de inocencia respalda la permanencia en el cargo de tres diputados provinciales, dos alcaldes en A Coruña y Santiago y siete concejales, se deja la voz reclamando la dimisión de los socialistas imputados en el ayuntamiento ourensano.

El desencuentro final en la negociación para la elaboración del texto definitivo el pasado martes fue la crónica de una muerte anunciada. El PSOE respaldó la moción que Baltar llevó en febrero al pleno con una votación acompañada de numerosos "peros", mientras el BNG optaba por la abstención. La negociación entre el presidente y los tres portavoces se rompió a los cinco minutos de iniciarse y el portazo fue la respuesta a la negativa de Baltar a no adoptar medidas contra los imputados.

Sin PSOE y BNG, el código ético sigue adelante y el texto definitivo se redactará la próxima semana para que pueda someterse a información de los grupos en la comisión previa al pleno de abril, donde se aprobará con la mayoría absoluta del PP. Desde su inmediata entrada en vigor, cargos electos y trabajadres estarán sometidos a los siguientes principios éticos y de gobierno:

De conducta. Integridad, ejemplaridad, imparcialidad, transparencia, honestidad y respeto. Deberán eludir cualquier acción o omisión que perjudique,aunque sea mínimamente, la imagen institucional. Se exige una imparcialidad "escrupulosa" en los nombramientos de personal y contrataciones. Los errores y malas decisiones tendrán consecuencias.

Regalos. Totalmente prohibidos. Ningún cargo ni trabajador podrá ofrecer, pedir o aceptar regalos, dávidas, favores o compensaciones, en metálico o en especie. Los recibidos serán inmediatamente devueltos y comunicados al Comité de Ética que se creará para velar por el cumplimiento de este código, y a la Secretaría Xeral que llevará un registro. Los que no puedan devolverse se destinarán a fines sociales.

Declaración del IRPF. Las declaraciones del IRPF y Patrimonio de todos los cargos electos se harán públicas anualmente. Deberán hacerlo al quinto día de que finalice el plazo para presentarla ante la Agencia Tributaria. La declaración deberán hacerla también al año siguiente al abandono del cargo.

Gestión de recursos. Deberán gestionar con equidad, igualdad y eficiencia, además de mostrar compromiso cívico, defensa de la lengua gallega y de la cultura propia y la diversidad.

No mezclar lo institucional con lo partidista. Se prohibe hacer referencia a fuerzas políticas en las comparecencias públicas de carácter institucional. En ruedas de prensa no se responderá a preguntas que no versen sobre asuntos de la Diputación ni se harán declaraciones de carácter político-partidista en un espacio físico en el que figuren el escudo, la bandera o la denominación de la institución provincial. Esta práctica ya la asume el presidente desde que tomó posesión en 2012.

El PSOE abandonó la negociación del código ético el martes pero no renuncia a que sus propuestas sean valoradas. Antes de levantarse, el portavoz Ignacio Gómez dejó sobre la mesa las cuestiones que considera "innegociables" cuando se trata de reinventar la ética política: La prioritaria pasa porque todas las personas imputadas, procesadas, condenadas o que tengan asuntos judiciales en trámite sean apartadas, cuando menos cautelarmente, de sus cargos y en todo caso, de su representación en los órganos colegiados de la corporación provincial. También proponen que los diputados que defraudan a Hacienda o que cobran dietas de dos organismos el mismo día, en clara referencia a dos de los diputados del PP, sean reprobados.

Para los socialistas, el código ético debería tener carácter retroactivo, de forma que los funcionarios y diputados que recibieron regalos en alguna ocasión deberían devolverlos, de igual modo que debería actuar contra el "enchufismo" aplicando medidas que, ironiza Gómez, "darían lugar a la dimisión de la mayor parte de los diputados del grupo de gobierno". También reclama que se regule la creación de comisiones de investigación como parte de la labor de la oposición.

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