Dejando claras sus diferencias, con reiterados cruces de recriminaciones por actuaciones propias, el grupo socialista y el del Partido Popular acordaron en el pleno de ayer elaborar un código ético para el Concello de Ourense, con una serie de criterios que pretenden sean de obligado cumplimiento. Por su parte, tanto el BNG como Democracia Ourensana optaron por la abstención, aunque dejaron patente durante el debate, que servirá de poco, sobre todo después de los últimos acontecimientos.
Un acuerdo que se produjo antes de que la tensión se disparase en el salón de pleno, que provocó la finalización de la sesión por el abandono de los 16 ediles de la oposición. La iniciativa popular, con la que se intenta "restablecer el valor de la política local ante la ciudadanía", como enfatizó su portavoz Rosendo Fernández, que además proclamó "tolerancia cero" con las denominadas conductas impropias, esas que "seguro le suenan al alcalde", además de asumir el compromiso de una "gestión responsable de los fondos públicos", que redundará en mejorar la imagen de la institución.
Un planteamiento que no dejo de asombrar al portavoz socialista, Vázquez Barquero, por entender que el PP no son los más indicados para "dar lecciones de ética, ya que son los que más tienen que callar", con referencia obligada a lo que acontece en la Diputación, en donde gobiernan. Por lo que no dudó en acusarlos de "cinismo político" al presentar una iniciativa, que finalmente apoyaron.
Y aludió al "hostigamiento" de los populares al gobierno socialista, con el consiguiente "daño" que eso supone para la ciudad, además de responsabilizarlos del "parón" de proyectos estratégico, que dependen de administraciones -central y Xunta- que gobierna el PP.
Utilización de la justicia
Por su parte, el alcalde, siguiendo la hoja de ruta marcada sobre esta cuestión, denunció la utilización que se hace de la justicia, con las reiteradas denuncias, como "arma de destrucción masiva contra un gobierno legítimamente constituido". Para Agustín Fernández existen "intereses oscuros" que son los que determinaran este tipo de actuaciones.
"Lo que buscan es el paseíllo judicial", aseguró el alcalde, y que para un político es un "martirio". También defendió la presunción de inocencia, y no la de "culpabilidad", como hacen algunos grupos políticos, después de reconocer que "yo estoy imputado, pero eso no significa que cometiese un delito".
