Los abogados, como los periodistas, por lo habitual no son noticia. Carlos Hernández, un urbanista con despacho en A Coruña, está en boca de la oposición y de los jueces. Su bufete suma 150.000 euros en facturas del Concello de Ourense fruto de la confianza de la concejala Áurea Soto. Como defensa de la edil de Urbanismo y el exalcalde recusó al juez de Instrucción Número Dos, Antonio Piña, propiciando el aplazamiento de los interrogatorios de Bedoya. El titular del Número Uno, Leonardo Álvarez, imputó al abogado por avalar una licencia de Soto.

-El juez Piña mostró su "desagrado" con su recusación.

-Su alegación de que tiene la impresión de que se planteó de cara a la opinión pública es un exceso, debería guardarse sus opiniones. Se equivoca conmigo, yo no trabajo para la opinión pública; creo que él sí. Cuando la planteo, ejerzo el derecho de defensa. Creo que un juez, por su posición institucional, debería ponerse límites. Yo no estaría en Facebook.

-Él no le ve "encaje" ni "mucho curso". ¿Hay motivos?

-Si la Audiencia lo rechaza no voy a repetir la recusación, la acataré. Pero sigo creyendo que hay motivos de recusación. La ejercí por el bien de la justicia.

-¿Pedirá nulidades si el juez Piña continúa y la adjudicación de Bedoya llega a juicio?

-En primer lugar creo que el asunto no es una causa con responsabilidades penales. Si llegara, nos defenderíamos sin alegar que el proceso esté contaminado.

-El alcalde y 2 ediles llevan, por ahora, 8 imputaciones.

-Es una estrategia perfectamente diseñada por gente poderosa, con peso en Ourense, para llegar a las elecciones locales con una ristra de imputaciones. Todas las denuncias nacen de un mismo promotor, que yo creo que es la cabeza de una red que no soporta ni quiere asumir a un gobierno que no esté a su servicio. Los compañeros de viaje son PP y DO.

-Su despacho ha recibido sucesivos contratos de asistencia al Concello y está imputado en una de las causas contra Áurea Soto.

-Con el nivel de litigiosidad del ayuntamiento, el bloqueo y congelación de plantilla, y determinadas personas pidiendo a diario escritos, parece razonable contratar para su funcionamiento idóneo. Los jueces pueden investigarme lo que quieran y tendrán toda mi colaboración. Yo mismo pedí declarar pero me parece un despropósito. ¿Cómo se puede estar instruyendo una causa (Plaza San Antonio) sobre un asunto que el TSXG dictaminó a nuestro favor?