Eran profesionales externos -arquitectos, la mayoría- y su reiterada facturación al Concello de Ourense utilizando medios, horarios y dependencias municipales los consolidó en plantilla con puesto fijo. Entre la alternativa de indemnizar o ingresar en nómina, el gobierno optó por lo segundo. Al menos en cinco casos -los beneficiarios testificaron el miércoles ante el juez-, con un suledo y categoría superiores a los que fijaban sus sentencias de despido. Ese es el trasfondo del enésimo proceso judicial que causa imputaciones en el gobierno de Ourense. Su ejecutivo, que renquea por la nula convivencia interna de las dos facciones del PSOE y el estado de minoría en el pleno, colecciona investigaciones que amenazan el futuro de los ediles en activo por la exigencia de dimisión a los cargos si van a juicio.
El exalcalde, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto -en cuya área se concentraron los contratos- serán interrogados el 21 de abril en calidad de imputados. Es la quinta citación con abogado de la concejala y la tercera del exregidor implicado en la Pokemon.
La investigación delictiva por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos por persistir en los contratos externos y por el supuesto sobrecoste en el capítulo de gastos de personal al establecer una retribución mayor que la que procedía, apunta, además, al actual regidor. Agustín Fernández fue denunciado junto a la directora xeral de Personal, antes edil no electa con las mismas competencias y responsable de la agrupación local del PSOE, de reconocida querencia con el actual regidor y su antecesor. Según el TSXG, Agustín Fernández -ya investigado por la adjudicación en junta de gobierno, en 2008, de las obrsa de la calle Bedoya- y Carmen Dacosta -sin mácula, de momento- no han sido citados oficialmente, aunque su llamada no se confirmaría hasta que el juzgado instructor, el Número Uno de Ourense de Leonardo Álvarez, tenga el acuse de recibo.
Los denunciados habrían hecho caso omiso a una circular de julio de 2007 que ordenaba a los adjudicatarios de asistencias técnicas a ejercer de forma habitual en sus propios despachos.
El proceso procede de una denuncia registrada a finales de octubre, en común, por USO y CIG, los dos sindicatos mayoritarios para funcionarios y personal laboral, respectivamente. La denuncia acusaba a Áurea Soto de ser "perfectamente conocedora" de los reparos del interventor, y de mantener una "completa ilegalidad", a través de "la peculiar e ilegal fórmula de contratos mensuales". El alcalde "era conocedor de las irregularidades", al permitir esa "ilegal situación" durante 3 meses, dictando providencias. Carmen Dacosta sería la "cooperadora necesaria" de un presunto delito de malversación de caudales públicos, cometido por las personas que tomaron la decisión de contratar al personal con retribuciones "sustancialmente superiores a las recogidas en las correspondientes sentencias", con un "evidente perjuicio al erario público".
Tras su iniciativa, CIG y USO están fuera del proceso hasta que la Audiencia decida si pueden ser acusación o, como propuso la Fiscalía y coincidó el juez, formulen querella y abonen fianza. USO optará por esta vía salvo que la caución sea elevada. Algunas fuentes apuntaban a una cifra de "6.000 a 12.000 euros", en una especie de inflexión de los jueces para frenar el aluvión de casos políticos.
El magistrado tampoco ha aceptado la presencia del PP, que pidió adherirse a posteriori, denunciando contratos no incluidos en el escrito sindical, y aireando unos 400.000 euros en servicios que el Concello factura desde el primer bipartito a un bufete de abogados -uno de sus socios está imputado en una de las causas de Áurea Soto- y a un estudio de arquitectura.
La última borrasca judicial sobre la Plaza Mayor llegó a la vía penal tras dvertencias, sin eco, en el ámbito político y sindical. En marzo de 2013, el gobierno del PSOE rechazó una propuesta del PP dirigida a regular las asistencias técnicas para sortear el goteo de sentencias de despido que llevaron a personal ajeno a ser fijos en plantilla, sin selección y contra los principios de mérito, igualdad y publicidad. "Si no tenemos técnicos para mantener los servicios, se cierran", dijo la edil Áurea Soto en aquella sesión. En varias mesas sindicales, los delegados expresaron su rechazo. Incluso el alcalde señalado ahora en el proceso judicial tuvo que dar orden a sus concejales para que frenaran las asistencias técnicas. Lo hizo en el pleno de agosto.
La investigación penal se nutre de las numerosas y reiteradas notas de reparo de carácter suspensivo, formuladas por el interventor. El funcionario puso las irregularidades sobre la mesa del juez el 18 de febrero. Fue el primero de nueve testigos (tres funcionarios jefe, el lunes, y los cinco contratados anteayer cerraron esa fase). El exregidor ahora imputado, la concejala de Urbanismo y la directora xeral de Personal eran conocedores de la ilegalidad, según el interventor.
Los contratados externos prestaban un servicio sin que hubiera "acuerdo administrativo alguno", el ayuntamiento propiciba una "cesión ilegal de trabajadores" y se procedió omitiendo "requisitos y trámites esenciales", tal y como indican los sucesivos documentos de reparo. Francisco Rodríguez los levantó por decreto "atendiendo a la necesidad de proteger los derechos legítimos de los contratantes".
