El gobierno local se ha cansado de encajar golpes. A su nuevo lenguaje belicoso -el "acoso", la "cacería", el "terrorismo político"- suma acciones de contraataque. Como el púgil que flaquea en las cuerdas antes del jab definitivo. Interrogada ayer junto a un abogado de su área, ambos imputados por la concesión de licencia a la residencia ilegal del campus universitario, la edil de Urbanismo pone en el disparadero al gobierno del PP de Manuel Cabezas.
Los populares mandaban cuando fue inaugurado en 2001, con licencia de ocupación, sin que se desarrollara la urbanización que reclama el promotor denunciante y que compromete la seguridad. Soto pide al juez Antonio Piña que cite a declarar en calidad de imputados al exregidor, a su antecesor en Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, al exalcalde y exportavoz de la oposición en el anterior mandato, Enrique Nóvoa, y al único concejal popular en activo, Aurelio Gómez Villar, al que ya apuntó en la denuncia penal por la compra de 62.000 euros en altavoces al comercio de Gonzalo Jácome. Todos los predecesores del PP, cree la edil, "pudieran ser responsables de un posible delito de prevaricación por los mismos hechos por los que se sigue la querella", según consta en un escrito registrado ayer en el juzgado.
"La residencia está construida desde el 2001 y fue inaugurada por Manuel Cabezas. En 2009, por perder el 100% del aprovechamiento en el campus, el promotor presentó la denuncia", relata la edil. De "haber regalado" todos los derechos, algo con lo que Soto siempre arremete al PP, "no habría presentado esta querella, ni la anterior, ni la siguiente".
