La Diputación no quiere dejar pasar ni una semana más sin aprobar la nueva ordenanza de contratación de personal laboral temporal con la que el presidente José Manuel Baltar pretende introducir cambios en la política de recursos humanos. El principal, que la composición del tribunal de selección sea estrictamente técnica y sus miembros designados por sorteo. El límite para aprobarla está en el pleno de este mes, convocado para el día 30, por lo que la cuenta atrás para analizar y resolver las alegaciones ha comenzado.

El borrador, contratado por asistencia técnica externa, se presentó en enero con la intención de llevarlo al pleno ese mismo mes pero el comité de empresa (Comisones Obreras y CSIF) pidió tiempo para analizarlo en profundidad y presentar sus consideraciones. Tres meses después, y tras varias reuniones de la mesa de negociación, el grupo de gobierno no ha recibido aun por escrito las sugerencias que ya se han tratado verbalmente en esas reuniones. Según avanza el portavoz Plácido Álvarez, "lo que sugieren de palabra parece normal y la idea del presidente es que la ordenanza salga adelante con consenso".

De este modo, la Diputación cuenta con que las alegaciones se formalizarán en los próximos días lo que le da plazo suficiente para resolverlas y llevar el texto consensuado con los sindicatos a las comisiones informativas del próximo día 24.

Ayer mismo, el grupo provincial del BNG atribuyó este retraso a una posible maniobra intencionada del presidente para "seguir contratando de forma clientelar". De hecho, el Boletín Oficial de la Provincia del pasado martes publicaba las convocatorias y bases de selección para distintas plazas de personal laboral temporal. En concreto, dos operarios para la perrera de A Rúa, uno para la de A Baixa Limia y un conductor especialista de maquinaria de obras públicas. Todas ellas, recalca el grupo nacionalista, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza provincial para la contratación de personal laboral temporal de 2003.

Esta normativa, recuerda el BNG, "se aprobó en su día con nuestro voto en contra por considerar que era insuficiente y que incumplía el principio de universalidad al dejar fuera un elevado número de contratos". En aquel momento, los nacionalistas defendieron que la modalidad para los contratos temporales no cualificados "debería ser el de listas baremadas".

El portavoz del PP, Plácido Álvarez, responde también a estas críticas apuntando que "la oposición también puede presentar alegaciones pero no tengo conocimiento de que lo hayan hecho hasta ahora".

El BNG recuerda que la elaboración de la ordenanza fue contratada al abogado Miguel Diéguez con un coste de seis mil euros, y sospecha que el presidente José Manuel Baltar "amparándose en presuntas reticencias sindicales y en la negativa del comité de empresa a dar el visto bueno al documento tiene la excusa perfecta para seguir contratando". Los nacionalistas no ven justificación para este retraso y reclaman que mientras no esté aprobada la ordenanza "se aplace cualquier proceso de contratación presente y futuro".

Plácido Álvarez insiste en que "salvo atrancos de última hora", la ordenanza se aprobará este mismo mes. A partir de entonces, se publicará en el BOP con un plazo de 30 días para reclamaciones y si no se producen se elevará a definitiva.