El fiscal tiene sobre la mesa la petición de recusación contra el juez Antonio Piña que el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, suscribieron para cuestionar su neutralidad. Aportaron un dossier con fotos y comentarios de su perfil de Facebook, subrayando críticas a la clase política y su amistad con un miembro sin cargo público de Democracia Ourensana, el partido que judicializó la adjudicación de las obras de la calle Bedoya donde ambos están imputados.
Piña se apartó de la causa -cuyos interrogatorios a políticos fueron suspendidos- hasta que la Audiencia Provincial resuelva si existe causa de amistad o enemistad manifiestas, una vez le llegue la solicitud y designe a un juez para instruir la recusación.
Ayer, en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, Antonio Piña se pronunció sobre una maniobra que le ha causado, según confiesa, "desagrado". Con todo, el titular de Instrucción Número Dos de Ourense y juez decano no aprecio "mucho curso" al intento de los dos políticos. Al decidir dar trámite a la recusación ya expuso en una providencia que no apreciaba "encaje". Lo hizo para garantizar su propia "legitimidad".
El intento de Francisco Rodríguez y Áurea Soto desagradó "notablemente" a Antonio Piña, "porque cuestiona mi imparcialidad, algo que debe ser fundamental en un juez". No esperaba verse expuesto a este proceso "por opiniones en una red social vertidas en los años 2011 y 2012, sin haber hecho nada aún en este caso". Sobre la relación con el integrante de DO, el juez sostiene que si "pudiese influir" en el procedimiento abierto por ese partido contra varios políticos, él no lo llevaría porque no tiene "ningún interés" en causas a políticos, "que solo dan problemas y disgustos".
El juez reconoció que la situación es "dolorosa", toda vez que, como manifestó en la entrevista de ayer, también tiene relación con varios imputados del gobierno de Ourense investigado. "Conozco a la mayor parte y con algunos tengo afinidad, no amistad, pero hago perfectamente mi trabajo", explicó. Además, el magistrado quiso expresa que tanto en el procedimiento de la calle Bedoya como en un asunto cotidiano "hay que hacerlo con honestidad, afecte a políticos o a particulares".
El juez tramita una de las querellas urbanísticas contra Áurea Soto e investiga, desde hace más de un año, la supuesta malversación del servicio de ayuda a domicilio. "Hace cuatro años no llegaba ningún caso de corrupción a los juzgados y ahora hay una dinámica de muchas denuncias de todos los partidos". En ese sentido, ha comentado que hay una "excesiva" judicialización de la vida política y ha dicho discrepar de los que "exigen dimisiones demasiado pronto, por una imputación" porque "imputar no es condenar".
