Con el PP y el PSOE de Ourense contradiciéndose sobre cuándo hacer dimitir a sus imputados según gobiernen o hagan oposición, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto se adhirió al discurso del alcalde, Agustín Fernández. Rara vez discrepan. La urbanista discrepa con el listón en el que las implicaciones judiciales deban cerrar el paso a un político. El regidor cree que se debería esperar a la primera sentencia. La edil sintoniza y ayer puso como listón "una condena". Su partido actuará antes. Ferraz exige a la dimisión de los cargos públicos que vayan a juicio desde la conferencia política de noviembre en Madrid. El PSdeG, en boca de la secretaria xeral Pilar Cancela, ha afirmado con rotundidad que el banquillo marcará la salida. Tres ediles en activo, incluido el propio alcalde, estarán condicionados por esa máxima al enfrentarse a procesos penales en fase de instrucción. La edil de Urbanismo dice que se "someterá" a su partido, pero defiende que "nadie es culpable hasta que se pruebe, vamos a respetar el Estado de Derecho".

La acumulación de procesos judiciales cruzó ayer a Áurea Soto con el juez al que acusa de una actitud de "desprecio" y enemistad a la clase política -en general- por sus comentarios en su perfil de Facebook. El magistrado Antonio Piña, recusado por ella y por el exalcalde Francisco Rodríguez en el caso Bedoya, la interrogó durante dos horas. La arquitecta estuvo representada, precisamente, por el abogado urbanista de A Coruña que firmó la recusación. El letrado está imputado en otra causa, la de la Plaza San Antonio, por hacer el informe para legalizar el aparcamiento subterráneo, explotado por una empresa privada pese a ser declarado dominio púbico "Ha sido respetuoso como debe ser", afirmó la concejala de gobierno.