Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense, imputado por los contratos fijos a personal externo

Tanto el exregidor como la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, está citados para declarar el próximo 21 de abril

03.04.2014 | 15:45

Un día después de la imputación de Áurea Soto en el caso que investiga la contratación fija de personal externo en el Concello de Ourense, el Juzgado de Instrucción ha citado en calida de imputado al exregidor ourensano Francisco Rodríguez, imputado también en la Operación Pokemon. Ambos están citados a declarar el 21 de abrirl a las 9:30 horas.

Precisamente, Áurea Soto tuvo conocimiento de su nueva causa judicial mientras se encontraba, ayer por la mañana, en el Pazo de Xustiza, para responder de la querella sobre la concesión de licencia a la residencia del campus que fue declarada ilegal por el TSXG. En un receso, un agente del juzgado de Instrucción Número Uno de Ourense le llevó la citación a la oficina del Número Dos de Ourense, donde comparecía.

Hasta ahora, tres funcionarios jefe del ayuntamiento de la capital declararon en calidad de testigos ante el juez que averigua una supuesta prevaricación administrativa, entre otros posibles delitos, por la contratación de profesionales externos mediante asistencias técnicas, con un salario y categoría superiores al que establecían sus sentencias laborales de despido, tal y como pusieron sobre la mesa CIG y USO, los dos sindicatos que judicializaron el caso.

De momento, las centrales permanecen apartadas del curso de la instrucción hasta que la Audiencia Provincial decida si pueden ser parte personada. La Fiscalía entendió que no bastaba con ser denunciantes, y deberían formalizar fianza. CIG y USO apelan a sus derechos constitucionales como representantes de los trabajadores y se consideran legitimados para la defensa de un supuesto agravio por la contratación de personal ajeno en detrimento de los recursos humanos de un concello con casi mil personas a nómina.

También ha formulado recurso el PP. Los populares intentaron adherirse iniciadas las diligencias previas, aportando más documentación que elevaba a una cuantía de 400.000 euros las facturas de contratos y asistencias del Concello de Ourense adjudicados discrecionalmente al bufete de un abogado urbanista -unos 150.000 euros- y a un estudio de arquitectura -cerca de 250.000-.

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