El juez interroga a tres funcionarios jefe por los contratos fijos a personal externo

La investigación de las asistencias técnicas lleva este jueves al juzgado a los 5 que acabaron en plantilla - Los sindicatos denunciantes, fuera de la causa hasta que decida la Audiencia

01.04.2014 | 02:07
La edil Áurea Soto. // Iñaki Osorio

Ya no hay semana en el horizonte donde la suerte del Concello de Ourense no se dirima en los juzgados. La suspensión del proceso que investiga las obras de la calle Bedoya no borra del calendario otros avatares. A primera hora de ayer, tres funcionarios jefe del ayuntamiento de la capital declararon en calidad de testigos ante el juez que averigua una supuesta prevaricación administrativa, entre otros posibles delitos, por la contratación de profesionales externos mediante asistencias técnicas, con un salario y categoría superiores al que establecían sus sentencias laborales de despido, tal y como pusieron sobre la mesa CIG y USO, los dos sindicatos que judicializaron el caso. Acusaron de prevaricación y posible malversación de fondos al alcalde, Agustín Fernández, a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, -en cuyo departamento se concentraron las contrataciones- y a la directora xeral de Personal.

De momento, las centrales permanecen apartadas del curso de la instrucción hasta que la Audiencia Provincial decida si pueden ser parte personada. La Fiscalía entendió que no bastaba con ser denunciantes, y deberían formalizar fianza. CIG y USO apelan a sus derechos constitucionales como representantes de los trabajadores y se consideran legitimados para la defensa de un supuesto agravio por la contratación de personal ajeno en detrimento de los recursos humanos de un concello con casi mil personas a nómina.

También ha formulado recurso el PP. Los populares intentaron adherirse iniciadas las diligencias previas, aportando más documentación que elevaba a una cuantía de 400.000 euros las facturas de contratos y asistencias del Concello de Ourense adjudicados discrecionalmente al bufete de un abogado urbanista -unos 150.000 euros- y a un estudio de arquitectura -cerca de 250.000-.

El magistrado de Instrucción Uno de Ourense, Leonardo Álvarez, interrogó ayer en calidad de testigos a tres funcionarios con una jefatura en el ayuntamiento. Dos de ellos, en la concejalía de Urbanismo -la responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística, y el de PERI, y el tercero, el máximo responsable de la asesoría jurídica. El jueves día 3 llega el turno de los 5 supuestos beneficiados. Los contratados declararán también como testigos -obligados a decir verdad- después de que el juez atendiera a un recurso de Fiscalía, rectificando su citación inicial como imputados.

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