El alcalde imputado de Xinzo dice a la juez que los reparos a sus contratos eran falsos

El regidor basa su defensa en que el secretario no le advirtió de irregularidades en juntas o plenos - La CIG solicita que testifiquen 4 ediles de la junta a la que se llevaban los decretos

01.04.2014 | 02:07
El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez (PP), estuvo 4 horas declarando ante la juez de la localidad. // B. Lorenzo

Pocos como Antonio Pérez, alcalde de Xinzo y diputado del gobierno Baltar (PP), acumulan causas judiciales. En solo una semana, el lunes 24 y ayer, el regidor ha afrontado dos interrogatorios en calidad de imputado en dos procesos distintos, aunque conectados, por supuestos delitos en su rol de mando. La magistrada de A Limia lo interrogó ayer durante más de 4 horas por las contrataciones de personas a dedo resueltas con nueve condenas del ámbito contencioso. Fallos en los que los dos magistrados de la jurisdicción constataron desviación de poder e indicios de prevaricación. Antonio Pérez defiende que "en ninguna junta de gobierno, comisión o pleno" hubo advertencias en contra de los empleos temporales.

Los reparos que luego condicionaron las sentencias contrarias y lo exponen a la travesía penal "fueron falseados" por el exsecretario y la que era su adjunta, "con desfase en algunos casos de 8 meses entre la contratación y el informe", señala. Este argumento lo llevó a presentar una denuncia que fue archivada en primera instancia. No obstante, es uno de los pilares de su defensa.

Varias de sus condenas previas en el Contencioso concluyeron, en cambio, que el munícipe abrió "una puerta de par en par a la colocación de personas o afines, con la vulneración de los principios constitucionales que deben presidir el acceso a la función pública, y en detrimento del resto de los ciudadanos que, quizás con más mérito y capacidad, se ven privados de dicha posibilidad ante la ausencia de convocatoria alguna". Solo en el año 2011 habría acumulado 19 informes contrarios de intervención y en 2012 habría realizado 23 contratos temporales.

Pero el regidor se afortala en una defensa que desacredita la labor del antiguo secretario y de su adjunta. Los funcionarios, en otros destinos desde finales del año pasado, cuanto todo la vorágine judicial de Xinzo se precipitó exteriorizando sus discrepancias con Pérez, sostienen una denuncia por presuntas coacciones y amenazas que la misma juez tramita como revelación de secretos. El alcalde llegó a precintarles su ordenador.

Ayer la instructora quería averiguar si contrató reiteradamente a trabajadores temporales, no solo incumpliendo el decreto del Gobierno para contener el déficit que limitó las altas a casos justificados y excepcionales -la Abogacía del Estado impugnó los contratos-, sino presuntamente a sabiendas de su ilegalidad. Antonio Pérez, que no aceptó preguntas de la abogada de la CIG, -la Fiscalía no acudió- entiende que "ha quedado acreditado que durante 2010, 2011 e 2012, no hay ni una sola junta de gobierno, que se celebran todas las semanas, con informe de reparo alguno a las contrataciones". Y en esas sesiones, recalca, "estaban el secretario o su adjunta". En su interrogatorio, los técnicos manifestaron que esos asuntos se abordaban fuera del orden del día y por eso no constan en acta. Pero el alcalde insiste en que tampoco se formularon reproches, ni escritos ni verbales, "en comisiones de gobierno o en el pleno, donde la oposición habría actuado".

Justificó "urgencia" y ayudas

La juez instructora mencionó a Antonio Pérez cada uno de los contratos para conocer, caso por caso, los trámites y cómo fundamentó la selección del personal -afín- según los principios de mérito, igualdad y capacidad. El regidor se habría dirigido al secretario verbalmente, en alguna ocasión, y tomó sus silencios como conformidad a poder contratar, según las fuentes. Otros decretos los habría justificado por necesidad de "urgencia" o condicionado por una subvención.

Tras el interrogatorio al regidor imputado, el camino de esta causa queda en manos de la iniciativa de las partes y del criterio de la juez. El primero en mover ficha ha sido el sindicato CIG. Para mostrar las "contradicciones" del regidor, la central ha solicitado copias de informes de reparo de intervención y copia de todas las actas de la junta de gobierno desde 2010. Pero, además pide a la juez que cite e interrogue como testigos a 4 ediles del PP -dos, tenientes de alcalde- integrantes de dicho órgano.

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