Según su interrogatorio en calidad de testigo en el caso Bedoya, el interventor de Ourense no se enteró de cómo se adjudicó la obra hasta que recibió en su departamento las certificaciones y las facturas para su control. El técnico aseguró haber advertido en una conversación previa al exconcejal de Obras del BNG, Andrés García Mata, sobre la presunta ilegalidad del trámite negociado, sin publicidad y por razones de urgencia. Según su testimonio, realizado el 22 de enero ante el juez Piña, tanto él como el asesor jurídico jefe -imputado en la causa- comunicaron que "salvo el procedimiento abierto, los demás eran ilegales".
Un "vicio de ilegalidad"
El técnico no tuvo conocimiento de la obra porque "se metió fuera del orden del día" de la junta de gobierno, a las que tampoco asistía. Cuando las notas de pago llegaron a su mes, el fiscalizador formuló reparos suspensivos a todas "por omisión de trámites esenciales de gasto", advirtiendo de "un vicio de ilegalidad". El exalcalde, Francisco Rodríguez, los levantó por decreto. En una medida concebida por el recusado juez Piña pero rubricada ya, ayer, por su compañero sustituto, Leonardo Álvarez, la autoridad requiere al Concello de Ourense para que dé explicaciones. El investigador quiere saber los motivos por los que el exregidor levantó los reparos por decreto, y si existió algún informe.
El interventor aludía en sus observaciones a la "inexistencia total y absoluta de fiscalización previa, preceptiva por tratarse de un expediente con clara trascendencia económica".
