El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Xinzo en calidad de imputado a partir de una denuncia presentada contra él por el secretario municipal, Demetrio Martínez, y su adjunta, Patricia Hernández, que renunciaron a la comisión de servicio tras las discrepancias con el regidor. Los funcionarios alegaron coacciones y vulneración de secretos, si bien finalmente la juez centró su calificación de los hechos en el último delito, según explicó el propio regidor al término del interrogatorio. Circunstancia que supuso para él una "rareza" pero que, en todo caso, le tranquiliza: "Estoy satisfecho porque por fin pude explicar lo que considero que es la verdad", señaló.

El regidor sospecha que los dos funcionarios le denunciaron "para cubrirse", ya que a finales de noviembre de 2013 ordenó el precinto e intervención del ordenador del secretario y pudo constatar la alteración de fechas en los informes de reparo a las contrataciones de personal anuladas por la justicia. Esta "certeza" provocó una denuncia del alcalde contra ellos que fue archivada y que actualmente está recurrida.

Rodríguez Pérez respondió durante dos horas a las preguntas de la juez y de su letrado, José Manuel Orbán, pero se negó a contestar a las del abogado de los denunciantes. Así, Antonio Pérez negó haber coaccionado a los dos funcionarios para que redactasen un informe avalando nueve contratos investigados por la Abogacía del Estado que fueron anulados por sucesivas sentencias de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ourense y en los que, además, se apreció desviación de poder e indicios de prevaricación. De hecho, el regidor volverá al juzgado para declarar por estos hechos en calidad de imputado. El interrogatorio estaba señalado para el próximo lunes 24 pero se aplazó al 31 de abril.

Según denunciaron, al conocerse las primeras sentencias contrarias, el alcalde les habría pedido que "suavizasen" los informes para que constase que el alcalde podría no haber comprendido la ilegalidad de los procedimientos y que incluso "amenazó" con llevar el ordenador a Fiscalía si no accedía a variar los documentos.

Antonio Pérez insistió ayer ante la juez en su desconocimiento sobre la existencia de informes técnicos contrarios a esas contrataciones y apuntó que fue el secretario el que le propuso redactar un documento que acreditase que el regidor había sido informado verbalmente de las advertencias de ilegalidad. Algo a lo que se opuso, matizó, "porque no era cierto" que hubiese sido avisado de palabra, de hecho insiste en que "esos informes nunca existieron".

La denuncia de doce folios presentada por los dos funcionarios relata con todo detalle los procesos de contratación y las advertencias que se le hacían al alcalde. Enumeran hasta 23 contratos temporales realizados durante 2012, año en el que se limitaron las contrataciones en la administración para controlar el déficit público solo a causas excepcionales.

Los funcionarios aseguran que desde 2007 se realizaban advertencias a la política laboral del Concello y que desde 2012 se incluyó el aviso de incumplimiento del decreto. También admiten en su denuncia que algunos reparos se realizaron con posterioridad al decreto por "sobrecarga de trabajo" y porque "muchas veces la información nos llegaba cuando ya estaban firmados". Sin embargo, insisten en que el alcalde era informado verbalmente de todos los detalles y que se le comunicaba que esa información se pasaría por escrito.